Redacción / La Voz de Michoacán Michoacán.- Eustacio Alcalá Díaz, de 66 años de edad, ex jefe de Tenencia en la comunidad de San Juan Huitzontla, en el Municipio de Chinicuila, en Michoacán, fue localizado muerto el pasado 4 de abril. El activista, quien se ha destacado por su defensa a la comunidad contra la minería y la violencia que azota en la región, fue privado de su libertad entre las 13:00 y las 15:00 horas del 1 de abril cuando conducía una camioneta blanca Nissan en una brecha que lleva de Huitzontla a la carretera federal de Coalcomán-Aquila, en la Tierra Caliente del estado. Alcalá, se indicó, trasladaba a tres misioneras católicas del estado de Querétaro a su comunidad, para la realización de un servicio religioso. Las cuatro personas fueron privadas de su libertad, aunque se indicó que las tres mujeres fueron liberadas horas después en el camino de brecha. No obstante, los perpetradores se llevaron a Alcalá. Organizaciones de Derechos Humanos exigieron justicia y el esclarecimiento del asesinato del activista. Mediante un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Red Solidaria de Derechos Humanos indicaron que la comunidad de San Juan Huitzontla, en Michoacán, y la familia del defensor comunitario indígena Eustacio Alcalá Díaz, les informaron de su desaparición el pasado 1 de abril de 2023. Esto, mientras realizaba un servicio de transporte de dicha comunidad a la comunidad de Aquila. Pero a pesar de las diferentes acciones realizadas para su búsqueda, el 3 de abril de 2023 se les informó que "el cuerpo de Alcalá Díaz fue localizado sin vida, muy cerca del punto señalado por la comunidad y donde fue visto por última vez por quienes le acompañaban al momento de su desaparición". El reporte señaló que Alcalá Díaz era defensor comunitario e indígena, quien junto a la comunidad de San Juan Huitzontla "impulsaron un juicio de amparo en contra del otorgamiento de concesiones mineras en su territorio, el cual ganaron y derivó en que actualmente estas se encuentren suspendidas y en proceso de revisión". Por ello, las ONG llamaron al Gobierno estatal y federal, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGEM) a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó también el asesinato. Además de generar las condiciones de seguridad en la región para que tanto la comunidad de San Juan Huitzontla y otras de la región sigan ejerciendo su labor en la defensa de su tierra y territorio. Las organizaciones resaltaron en su reporte que los hechos responden a un contexto de inseguridad que en los últimos meses se han incrementado en la región. Recordó que hace tres meses se conoció de la desaparición de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, de quienes sus familiares, hasta la fecha siguen sin tener información de su paradero.
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