Efe / La Voz de Michoacán Ciudad de México. “Tenemos un grito de desesperación, de coraje, de impotencia”, afirma a EFE este viernes Beatriz Garrido, una de las defensoras ambientales de ‘Voces de la Selva Maya: una batalla por la vida’, el reciente documental de Greenpeace que busca sensibilizar al público sobre la devastación de los megaproyectos en la península mexicana de Yucatán, hogar del segundo pulmón tropical más importante de América. Activistas apuntan a que la destrucción de la selva inició con la construcción de los 1.554 kilómetros del Tren Maya -obra insignia del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)-, aunque Garrido aclara que “el paraíso” al que llama casa, localizado en Ixil, lo ha peleado durante “12 años” en las calles, en los tribunales y con las fiscalías. Por eso el documental, dirigido por Benjamín Soto y Carlos Samayoa, exhibe la batalla que han dado las comunidades indígenas cuando “las inmobiliarias traen maquinaria para cortar desde lo más profundo de sus raíces”, señala Garrido. “Así se me han ido esos 12 años y digo: ‘No he avanzado nada’, pero no estoy luchando para mí, estoy luchando porque tengo nietos que están chiquitos y no les estamos dejando nada, las raíces que estoy sembrando son para mis nietos”, confiesa entre lágrimas. Tan solo de 2019 a 2023, la Península de Yucatán ha perdido más de 285.000 hectáreas de selva, de esta cifra 6.659 corresponden a las obras del Tren Maya en los tramos 5, 6 y 7, ubicados en los estados mexicanos de Quintana Roo y Campeche (sureste), así como la Reserva de la Biosfera de Calakmul, según estiman cifras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). El “desarrollo” no tiene cara de megaproyecto Es lamentable “la forma en la que se ha manejado la selva por décadas”, y es que “no le encuentran su valor hasta que la pueden vender, hasta que la pueden lotear (…) Y, de repente, te encuentras que en lugar de cenotes tienes albercas”, subraya el integrante del colectivo ‘Sélvame del Tren’, José Urbina. A la crítica se suma el activista ambiental y miembro del colectivo Comunidades Mayas de los Chenes, Oziel Pech, quien ha visto cómo estos megaproyectos público privados o megagranjas degradan la vida selvática de Campeche justificándose en un “desarrollo” malentendido. “Quizá para las personas que toman decisiones el desarrollo es un hotel o un tren en medio de la selva, pero para nosotros, como comunidades, es que podamos tener colmenas de abejas que no sean envenenadas en la selva o agua limpia, para mí garantizar el futuro de las comunidades es desarrollo”, sostiene. Aunque estos megaproyectos tengan inversiones millonarias, tan solo el Tren Maya asciende a los 515.762 millones de pesos (25.430 millones de dólares), según el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Pech destaca que no aseguran una mejor calidad de vida para los indígenas, porque son «el último eslabón de la cadena, la mayoría de las veces como mano de obra barata”. Ante esta batalla que parece interminable, Garrido admite que “quisiera ser más fuerte para seguir luchando” por su tierra y su cultura que está amenazada al grado de la extinción, sin embargo, asegura que “le cuesta mucho trabajo porque no hay apoyo del Gobierno”. “Nada más nos engañan”, advierte la activista indígena, quien tiene poca esperanza en la Administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque a pesar de que “ella conoce del medio ambiente dice ‘que van porque van los proyectos’”. Desilusionada, Beatriz Garrido responde negativamente hacia la pregunta de si México tiene una mandataria ambientalista y agrega que los apoyos que dan a las comunidades maya son “para lavar su conciencia”.
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