Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue vinculado a un segundo proceso judicial por lavado de dinero, informó este martes la Fiscalía General de la República (FGR). En un comunicado, la fiscalía explicó que tras una audiencia de casi 48 horas, el 11 de septiembre pasado, un juez determinó vincular a Roberto ‘N’ por «su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita» por más de 156 millones de pesos. La segunda vinculación se dio luego de que Sandoval obtuvo un amparo a su favor, que ordenó la reposición de la audiencia inicial para que el juez refundara su resolución. «Tras escuchar los argumentos de la FGR, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito», expuso la fiscalía. Sandoval se encuentra preso desde 2021, en un penal en El Rincón, una comunidad cercana a Tepic, capital de Nayarit. El exgobernador de Nayarit (2011-2017) fue capturado en el estado de Nuevo León, junto con su hija Lidy Alejandra Sandoval, acusados de lavado de dinero y corrupción. La fiscalía precisó que el exfuncionario «seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal». Desde su captura en 2021, después de haber estado prófugo tras concluir su gobierno, Sandoval ha enfrentado un proceso penal en prisión por el mismo delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En febrero de 2023, durante el juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México (2006-2012), el exprocurador de Nayarit durante la administración de Sandoval, Édgar Veytia, acusó al exgobernador de haber recibido financiamiento por parte del narcotráfico, señalamientos que el acusado ha negado. El 9 de septiembre pasado, Sandoval fue condenado por el delito de falsificación de documentos, según informó entonces la fiscalía de Nayarit. Desde 2019, Estados Unidos sancionó a Sandoval por presuntos sobornos recibidos por el cartel de los Beltrán Leyva y el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este último es una de las seis agrupaciones criminales mexicanas que Estados Unidos declaró terroristas en febrero pasado.
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