Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Activistas a favor de los vapeadores y cigarros electrónicos señalaron que las reformas legislativas aprobadas el martes a la Ley General de Salud para prohibir toda la cadena de distribución y venta de estos dispositivos formalizan la entrega al crimen organizado de la distribución y venta de, al menos, 5 millones de dispositivos al mes en México. Los consumidores y usuarios quedaron finalmente excluidos de la prohibición, tras una discusión en lo particular de las reformas, aunque en una primera instancia los diputados habían aprobado en lo general la prohibición total de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Ahora, la reforma legislativa será llevada al Senado para su próxima discusión y aprobación final, que se espera avance sin problemas ante la mayoría del oficialismo. El presidente del colectivo México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, lamentó en un comunicado que los legisladores mexicanos «hayan consumado prohibir el vapeo en el país». Esto, dijo, a pesar de la «basta» evidencia científica disponible y que en varios países, como Francia y el Reino Unido, los vaporizadores ya forman parte de políticas públicas para combatir el tabaquismo, en virtud de que son 95 % menos dañinos que los cigarros convencionales. En este sentido, el activista aseguró que la reforma aprobada «formaliza la entrega del mercado del vapeo a bandas criminales», las cuales se han visto favorecidas por la absurda y dañina política prohibicionista que comenzó en febrero de 2020 con la expedición de decretos presidenciales en contra de los vaporizadores y que alcanzó su ridícula cúspide con la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024. Según datos de la organización, se estima que en México existen alrededor de 2,8 millones de consumidores de vaporizadores, de los cuales 2,3 millones adquieren dispositivos desechables que suelen ser utilizados en una semana aproximadamente, por lo que al mes se adquieren unos 5,2 millones de dichos productos, mismos que serían distribuidos, comercializados e introducidos al país vía contrabando por bandas criminales. Cirión Lee exhortó al Senado mexicano a desechar la iniciativa y avanzar en la formulación de un marco regulatorio que defina reglas para la importación, distribución y venta de vaporizadores. «Esto, bajo el entendido de que legislen a favor de la salud pública y no sigan líneas políticas que resultarán muy dañinas para el país: como el fondeo a bandas criminales, consumo entre menores, evasión fiscal, además de entorpecer el combate al tabaquismo; generar conflictos con Estados Unidos; entre otros flagelos», finalizó. Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la prohibición en todo el país de la venta, producción y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos porque «hacen mucho daño a la salud». Sheinbaum aplaudió que la prohibición constitucional esté también en la Ley General de Salud, tras la aprobación el martes de una reforma legislativa que ella misma envió a la Cámara de Diputados. «Los vapeadores hacen mucho daño a la salud. Hay esta idea de que si no se fuma cigarro y se utiliza el vapeador pues tiene menos daño y en realidad el vapeador tiene pues muchísimas sustancias y materiales que hacen muchísimo daño», sostuvo Sheinbaum en su conferencia de prensa. También celebró que la ley ya incluye sanciones, «sobre todo a quien venda los vapeadores», que van de uno a ocho años de cárcel y una multa de hasta 226.280 pesos (unos 12.430 dólares).
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