Juan Carlos Huante / La Voz de Michoacán Reforma Electoral. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a evitar que en los próximos procesos electorales contiendan personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada; no obstante, la determinación final de someter a revisión a los aspirantes recaerá directamente en los institutos políticos. Durante la "mañanera del pueblo", la consejera jurídica del Gobierno de México, Luisa María Alcalde Luján, expuso la propuesta de crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano adscrito al Instituto Nacional Electoral (INE) que estará integrado por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General para un periodo de tres años. Filtro voluntario y consulta a agencias de inteligencia Dicha comisión operará como un canal institucional entre los institutos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. El mecanismo faculta la consulta de los expedientes de los aspirantes ante las siguientes dependencias federales: • Centro Nacional de Inteligencia (CNI) • Fiscalía General de la República (FGR) • Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) El objetivo es identificar información que permita establecer la existencia de un "riesgo razonable" de nexos con la delincuencia. Como requisito obligatorio, las personas que aspiren a una postulación deberán manifestar por escrito su conformidad para ser evaluadas, de manera independiente a la decisión del partido de remitir o no el nombre a la citada comisión. Todo el procedimiento se desarrollará bajo condiciones de confidencialidad y los datos que se identifiquen tendrán carácter de reservado para salvaguardar el debido proceso. El mecanismo de verificación, paso a paso Los partidos políticos entregan voluntariamente a la comisión la lista de sus aspirantes. La comisión remite los nombres y realiza la consulta formal ante la UIF, CNBV, CNI y FGR. Las dependencias federales realizan un análisis técnico y dictaminan si no existe riesgo o si se advierte un riesgo razonable. Las instituciones entregan el diagnóstico a la comisión sin señalar el asunto penal o financiero del que se derive el riesgo, a fin de proteger la secrecía de las investigaciones. La comisión notifica formalmente al partido político si existe o no riesgo razonable, especificando qué instancias emitieron dicha alerta. Con base en el dictamen, los partidos políticos serán los únicos responsables de determinar si registran o niegan la candidatura. De haberse encontrado información relevante o indicios delictivos, las agencias del Estado, de acuerdo con sus atribuciones legales, continuarán con la investigación penal correspondiente.
La Voz de Michoacán
