Organizaciones civiles y especialistas en seguridad vehicular pidieron, este martes, al Gobierno de México, garantizar que el vehículo eléctrico Olinia nazca con estándares mínimos de seguridad equivalentes a las mejores prácticas internacionales, al advertir que una regulación con menores exigencias podría poner en riesgo la vida de ocupantes y civiles en la vía pública. En conferencia de prensa, Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor; Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, y Areli Carreón, de la Coalición Movilidad Segura, reconocieron el potencial del proyecto para impulsar la electromovilidad urbana y fortalecer el desarrollo industrial nacional, pero insistieron en que la innovación tecnológica debe ir acompañada de reglas claras en materia de seguridad. Las organizaciones recordaron que Olinia fue presentado por el Gobierno de México como un vehículo eléctrico urbano de bajo costo, con velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, capacidad para seis pasajeros y comercialización prevista para 2027, mientras las autoridades analizan una regulación específica distinta a la NOM-194. Stephan Brodziak sostuvo que, aunque el límite de velocidad reduce la probabilidad de un siniestro, no elimina el riesgo de lesiones graves o mortales en un vehículo con un peso bruto estimado de hasta mil 300 kilogramos, por lo que pidió que cualquier nueva norma contemple frenos ABS y protección estructural en impactos frontales y laterales. También solicitaron cinturones de tres puntos en todas las plazas, bolsas de aire cuando sean necesarias, anclajes para sistemas de retención infantil y tecnologías como el frenado autónomo de emergencia con detección de peatones. Alejandro Furas afirmó que “la seguridad no puede ser la moneda de cambio” de la movilidad eléctrica y recordó que un impacto a 30 kilómetros por hora equivale a caer desde un primer piso, mientras que uno a 60 kilómetros por hora representa una caída desde un quinto piso. Añadió que pruebas realizadas por Euro NCAP y Global NCAP, en vehículos ultraligeros, evidenciaron la necesidad de exigir ensayos de choque frontal, lateral y protección para peatones, incluso en unidades diseñadas para velocidades reducidas. Respecto al costo, el especialista señaló que incorporar elementos esenciales de seguridad supondría para el fabricante alrededor de 140 dólares, unos 2 mil 450 pesos, un incremento que calificó de marginal frente al valor de una vida humana. Asimismo, sostuvo que, si México establece una regulación robusta desde el nacimiento del proyecto, Olinia podría convertirse en “un ejemplo mundial de cómo hacer bien las cosas” en movilidad sustentable y seguridad vial. Areli Carreón subrayó que electrificar el transporte es indispensable para reducir emisiones, pero advirtió que hacerlo sin dispositivos básicos de protección significaría resolver un problema creando otro. Añadió que México registra cada año más de 16 mil muertes y más de 150 mil personas lesionadas en siniestros viales, por lo que pidió que la nueva categoría vehicular nazca con legitimidad técnica, jurídica y un piso mínimo de seguridad vial para proteger a todas las personas usuarias de las vialidades. EFE / La Voz de Michoacán
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