EFE / La Voz de Michoacán El debate sobre prohibir o no el uso de celulares en las escuelas en México no debería vulnerar el "derecho a la autonomía de la niñez", una población que tampoco tendría que ser obligada a la "exclusión tecnológica" sin antes responsabilizar a las empresas "encargadas de la arquitectura" de estas plataformas, apuntan expertos. En una mesa de diálogo organizada por la Universidad Iberoamericana (Ibero), en Ciudad de México, abogados, psicólogos y pedagogos apoyaron la medida de regular el uso de dispositivos tecnológicos en entornos educativos, una propuesta planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado junio. Sin embargo, el abogado y especialista en derechos de la infancia Ricardo Ortega Soriano indicó que ninguna prohibición debe considerarse una "panacea", ya que suelen derivar en "el reduccionismo" de problemas estructurales que, en este caso, involucran a grandes empresas tecnológicas como Meta, que actualmente enfrenta un juicio histórico por la supuesta adicción que generan sus plataformas. Ortega Soriano recordó que, según la Unesco, más de 114 países han establecido límites en el uso de dispositivos en el contexto escolar por "razones pedagógicas y de convivencia escolar". Explicó que estas regulaciones, además de estar acompañadas de políticas públicas educativas integrales, deben ser "proporcionales", de modo que no vulneren la "integridad" de los menores ni generen "contextos de incomunicación". La directora del Departamento de Psicología, Sandra Irma Montes de Oca, argumentó que la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo tendría que establecer reglas claras sobre cuándo, en qué espacios educativos y a qué estudiantes se aplicaría la prohibición, considerando que en países como Australia las redes sociales están prohibidas para menores de 16 años. Además especificar si habrá "excepciones explícitas" en su aplicación, ya que recordaron que estudiantes con autismo se han apoyado en los dispositivos tecnológicos para poder comunicarse y desarrollarse en los espacios educativos. En estos casos, mencionó, también se deberían considerar las medidas de "emergencia y seguridad", puesto que los celulares se han convertido en la herramienta con la que niños y adolescentes se comunican con sus familiares. "¿Cómo los padres se van a comunicar con los niños? La escuela debería tener medios institucionales para establecer esa comunicación", destacó. Montes de Oca insistió en que las reglas en esta materia deben ser "claras, consistentes y conocidas por toda la comunidad" para evitar "confiscaciones prolongadas, respuestas desproporcionadas o sanciones que terminan excluyendo al estudiante del aprendizaje". Asimismo, consideró fundamental que la iniciativa no se reduzca a "sacar los celulares de las escuelas", pues esa medida no necesariamente se traduce en recuperar la "atención" que los alumnos han perdido en las aulas. Por ejemplo, dijo, en Inglaterra las políticas restrictivas redujeron en aproximadamente 40 minutos el uso de celulares en la jornada escolar, pero no marcaron una diferencia en el bienestar emocional de los menores, quienes se conectaban a las plataformas digitales al salir de las aulas. Los expertos coincidieron en que la regulación planteada en México y en otros países debería ocurrir solo si va acompañada de una política educativa integral que involucre a niños y adolescentes, pero también a sus familiares, docentes y, por supuesto, a las empresas tecnológicas y al Estado.
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