Jorge Ávila / La Voz de Michoacán Hace 18 años Los Zetas hicieron estallar dos granadas de fragmentación en plena celebración del Grito de Independencia en Morelia, y a la fecha los verdaderos responsables de ese acto terrorista permanecen impunes. A la mancha de la impunidad se suman los funcionarios de los tres órdenes de gobierno que fabricaron o colaboraron en la fabricación de chivos expiatorios, a quienes, a la postre, el Poder Judicial de la Federación les hizo justicia al dejarlos en libertad. Los estallidos de dos granadas de fragmentación esa noche dejaron el Centro Histórico de Morelia 8 personas muertas y 113 más lesionadas. Aun muchos años antes de que el gobierno de Estados Unidos declarara terroristas a los grupos del crimen organizado, en pleno Grito de Independencia, ese 15 de septiembre de 2008, se registraba el primer atentado narcoterrorista en la historia de México. El atentado se produjo con dos granadas de fragmentación que fueron lanzadas en la Plaza Melchor Ocampo y en la esquina de Madero Poniente y Andrés Quintana Roo, en el centro histórico de Morelia, poco después de las 23:00 horas, cuando la población civil estaba concentrada en el Grito de Independencia de México. En aquel entonces el presidente de la República era el panista michoacano Felipe Calderón Hinojosa, quien por medio de la guerra contra el narco intentó legitimar su gobierno tras una cuestionada y polémica elección; el gobernador en turno era Leonel Godoy Rangel, del PRD y hoy morenista, y en Morelia gobernaba el priista Fausto Vallejo Figueroa. Según el expediente, las granadas fueron detonadas por dos sujetos que trabajaban al servicio del grupo criminal Los Zetas, que en ese entonces se pelaban la plaza con La Familia Michoacana, que trataban de sacarlos de la entidad luego de haber sido colaboradores. Tan opaco fue el manejo del caso, que en 2023, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió a la Fiscalía General de la República reabrir el caso para dar con los verdaderos responsables. Sin responsables: impunidad Según han reportado medios locales y nacionales, el atentado narcoterrorista del 15 de septiembre de 2008 quedó en la impunidad por una trama del gobierno de Felipe Calderón. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) procesó a tres hombres que después de 11 años, en 2019, fueron exonerados en forma definitiva, esto al demostrarse que sus declaraciones fueron obtenidas mediante tortura. El entonces titular de la PGR era Eduardo Medina Mora, quien de 2015 a 2019 fungió como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuya renuncia se dio entre investigaciones por presunto lavado de dinero y millonarias transferencias bancarias en el extranjero, de lo cual quedó impune. Desde la Unidad contra el Terrorismo de la subprocuraduría contra la delincuencia organizada, Medina Mora habría avalado el montaje que resultó de una operación clandestina encabezada por el general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro. Acosta Chaparro, símbolo de la represión de la Guerra Sucia de los años 60 y 70 en México, fue asesinado cuatro años después. En 2019, la justicia federal sentenció que lo dicho por la PGR fue mentira, y reiteró que se debía investigar a los culpables de torturar a Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, quienes fueron secuestrados, torturados, exhibidos públicamente y presos durante casi siete años en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. La magistrada María Dolores Olarte Ruvalcaba, titular del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, cerró el caso en junio de 2019 al rechazar la apelación de la PGR contra la libertad de Galeana, Mondragón y Rosas. Los tres fueron liberados en mayo de 2015 por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco debido a la falta de pruebas por parte del Ministerio Público federal y los apremios físicos y psicológicos a los que fueron sometidos. “La magistrada confirmó lo dicho por el juez desde hace cuatro años (2015): que fueron torturados para declararse culpables y que la PGR no presentó ninguna prueba que demostrara su participación en el ataque. Tampoco demostró las acusaciones de los testigos protegidos que utilizó para armar el caso”, dijo a Proceso en 2019 Fernando Espinosa de los Monteros, abogado de Rosas Elicea. El que hasta ese momento fuera el ataque más grave a la población civil por parte del crimen organizado quedó así sin responsables. En 2015, cuando el entonces juez Emilio Enrique Pedroza ordenó la libertad de los inculpados por falta de pruebas, la PGR –en esa fecha a cargo de Arely Gómez González– no sólo apeló la resolución, sino que ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos a quienes dieran datos de su localización para que fueran reaprehendidos. Era la segunda vez que las autoridades mexicanas ofrecían recompensa y los exhibían como responsables. La primera fue apenas ocurrido el atentado. Arely Gómez González, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, formalizó el ofrecimiento de la recompensa en una publicación que hizo en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2015 con el argumento de que se trataba de una herramienta eficaz para reaprehenderlos por haber atentado “contra la tranquilidad y la paz pública”, obstaculizando “la actuación normal de las instituciones públicas” y por “impedir el desarrollo social”. Precisó que eran buscados por los delitos de homicidio agravado, lesiones calificadas, portación de granadas y otros, como resultado de los ataques en los que fallecieron 8 personas y más de 100 quedaron lesionadas, varias de ellas mutiladas. Incluso publicó sus supuestos alias de delincuentes. La procuraduría también fracasó en su intento de responsabilizar del atentado a José Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, uno de los jefes del Cártel del Golfo, organización que estaba en conflicto con La Familia Michoacana, entonces grupo delictivo dominante en la entidad. La PGR siempre habló de un cuarto participante al que nunca identificó. Su nombre se conoció cuando el juez Sexto de Procesos Penales Federales echó abajo la versión oficial y ordenó la liberación de los acusados. El Coss, quien había sido detenido cuatro años después del atentado, siguió en prisión bajo cargos de delincuencia organizada, y en 2015 fue extraditado a Estados Unidos. Chivos expiatorios Dada la magnitud del caso, la investigación quedó en manos de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA), de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en ese momento bajo la titularidad de Marisela Morales, sucesora de Medina Mora en la PGR en 2009, a la mitad del gobierno de Calderón. En entrevista con proceso publicada en 2019, uno de los detenidos Juan Carlos Castro Galeana, señaló: “La recompensa para dar información sobre nosotros fue una más de las patrañas que hicieron con el caso. Engañaron a la sociedad y destruyeron nuestras vidas (...) Mi vida quedó devastada. Yo era un mecánico reconocido en Lázaro Cárdenas, y mi situación se conoció mucho en el lugar”. Castro Galeana relata que debido a los golpes perdió el 30 por ciento de la visión y del oído, además de amenazarlo con matarlo a él y a su familia si no se declaraba culpable. “Me tuvieron una semana en distintas casas de seguridad antes de que me llevaran a la PGR. Pero el maltrato siguió. Fuimos ‘recomendados’ cuando nos encerraron en Puente Grande. Nos tuvieron incomunicados durante dos meses, nos obligaban a bañarnos sin sandalias en los pisos sucios del baño, sin toalla y sin jabón. Nos racionaban también la comida”. Ya en el gobierno de Peña Nieto, el juez Sexto de Distrito de Jalisco, Enrique Emilio Pedroza, durante la última audiencia, antes de dictar su sentencia, les advirtió a Castro Galena y a los otros detenidos que buscaba la verdad. De encontrarlos culpables, les dijo, los condenaría con las penas más altas, pero, si no encontraba sustento en las acusaciones, los liberaría de inmediato. Así, el 27 de mayo de 2015 ordenó su liberación. Igual que Castro Galeana, Mondragón Mendoza y Rosas Elicea cambiaron de residencia. Ya no pudieron retomar la vida que tuvieron hasta el 15 de septiembre de 2008 en Lázaro Cárdenas, la ciudad que durante el gobierno de Calderón fue escenario de fuertes enfrentamientos entre La Familia Michoacana y la Policía Federal, en aquel entonces bajo el mando de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. Después del atentado, entre el 18 y el 21 de septiembre, Castro, Mondragón y Rosas fueron secuestrados por hombres armados en una operación clandestina acordada entre el gobierno de Calderón y La Familia Michoacana. A las pocas horas del ataque, La Familia Michoacana acusó a Los Zetas del narcoatentado y la PGR presentó a los tres acusados como integrantes de esta organización delictiva. El operativo de su detención estuvo a cargo de Acosta Chaparro con el visto bueno del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, muerto en noviembre de 2008 en la Ciudad de México al desplomarse la avioneta en que viajaba. Acosta Chaparro también murió en la capital del país en un ataque armado en abril de 2012. Dos años antes había sufrido otro atentado en el que quedó herido. Según Proceso, la noche del atentado, el general retirado, siendo asesor del entonces secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y con el aval de Mouriño, viajó a Michoacán para contactar a La Familia Michoacana. Días después, el general retirado regresó a Michoacán para la detención. A bordo de un viejo avión Cessna de la PGR, fue acompañado por el entonces titular de la UEITATA, Ricardo Cabrera González, y un agente de apellido Estrella. Volaron de Toluca a Morelia y luego a Apatzingán. Ahí esperaron más de 5 horas hasta que llegaron tres elementos de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) –adscrita a la PGR– con los tres detenidos, y regresaron a la Ciudad de México. La PGR dio a conocer que la AFI recibió una llamada anónima en la que se le informó que los responsables estaban en una casa abandonada en la población de Antúnez. El abogado de uno de los detenidos, Espinosa de los Monteros, asegura que la PGR nunca presentó ante el juez a los tres agentes de la AFI para que explicaran las circunstancias en las que detuvieron a los inculpados. Retenidos varios días en esa casa abandonada, torturados, vendados y maniatados fueron trasladados a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México. Ahí sólo les quitaron las vendas de los ojos para que firmaran una declaración en la que admitían su culpabilidad. Después fueron presentados en la televisión como los responsables. La PGR, incluso, presentó un video en el que explica cómo fue que supuestamente lanzaron las granadas contra las personas que presenciaban la ceremonia del Grito. Godoy, ahora legislador por Morena, prometió ayudar a las víctimas, pero tuvieron que pasar tres años para que el gobierno del estado los reconociera ¬como víctimas y asignara a 54 de los 106 heridos una pensión de entre mil 500 y 7 mil pesos, según la gravedad de las heridas. Pasaron otros siete años para que el Congreso estatal autorizara un aumento a 11 de esos 54 pensionados, 13 de ellas vitalicias. Después de 10 años, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas sólo había logrado hasta 2018 que la Secretaría de Desarrollo Económico autorizara ocho proyectos productivos de autoempleo; cinco de ellos fueron para víctimas del atentado. 2026: el reclamo sigue A 18 años de la tragedia, familiares de las 8 personas muertas y de más de 100 lesionados coinciden en que sigue prevaleciendo la impunidad, no hay detenidos responsables, porque los que habían sido encarcelados salieron de prisión al no poder comprobarse su responsabilidad. Los afectados sostienen que la investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se caracterizó por las irregularidades y la fabricación de culpables. Además, parte de los más de 100 lesionados por las esquirlas de las granadas, continúan lidiando con incapacidades, así como con traumas psicológicos. Así, 18 años después estas 18 vidas truncadas siguen siendo víctimas de la impunidad: María del Pilar Navarro Mendoza, 30 años de edad.Alfredo Sánchez Torres, 53 de edad.Gloria Álvarez Bautista, 32 de edad.Leticia Tapia Guerrero, 48 de edad.Martha Quintero Brambila, 40 de edad.Juan Antonio Ríos Pescador, 50 de edad.Ángel Uriel Herrera García, 13 de edad.Elisa Guerrero García, 76 de edad.
La Voz de Michoacán
