La Comisión de Desarrollo Social analiza una iniciativa que establece la obligación de los tres niveles de gobierno a garantizar la protección y promoción de los derechos de los niños. México tiene, después de Israel, el mayor índice de pobreza infantil dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). De ahí la propuesta para reformar la Ley General de Desarrollo Social, presentada por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza. Un comunicado detalló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los menores de edad sumaban 43.4 millones para enero de 2015, es decir del total de la población del país, representan alrededor de 36 por ciento. Pese a que se han impulsado programas sociales en bien de ese sector, destaca la iniciativa, mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que no se han dado avances sustanciales en el combate a la pobreza infantil. “Las transferencias monetarias y subsidios, como el programa Prospera, han sido útiles, pero no logran resultados en el sentido de trascender el ciclo internacional de la pobreza para que los hijos de los mexicanos que viven en esta situación logren incrementar realmente sus oportunidades de tener un mejor nivel de vida”. Según un estudio coordinado entre el Coneval y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 21.2 millones de menores de 12 años vivían en condiciones de pobreza en 2012, y 4.7 de ellos en pobreza extrema. Además, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), muchos problemas que sufren los adultos, relacionados con la salud mental y física, así como conductas delictivas, deficiente alfabetización y destreza numérica, pueden tener su origen en la condición de pobreza que padecen durante su infancia. Garfias Gutiérrez explicó que esta enmienda tiene el propósito de alejar del asistencialismo y transformar radicalmente la política nacional, respecto a la garantía de los derechos de la niñez. El nuevo ordenamiento aprobado en diciembre de 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce las garantías previstas en el derecho nacional e internacional, y establece diversos mecanismos para aplicarlo. Esto es, “las personas menores de edad no tendrán que reclamar sus derechos, sino que el Estado mexicano, a través de las autoridades de los tres niveles de gobierno”, sino que deberá asumirlos como una característica inherente de los niños y los adolescentes. Y además “deben garantizar permanentemente el interés superior de la mujer”, concluye.
La Voz de Michoacán
