Como parte de las acciones permanentes de combate a la tala clandestina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró 6 aserraderos dedicados a la transformación ilegal de madera, que operaban en forma clandestina en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, en la zona de influencia de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca. En acciones coordinadas con la Secretaría de Marina (SEMAR), cuyos elementos resguardaron la seguridad de los inspectores de PROFEPA, estos últimos desmantelaron en dichos Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales (CAT´s), 4 máquinas conocidas como torres de aserrío y aseguraron 6 más. Asimismo, aseguraron 4 motores y un carro de empujón, así como 40.19 metros cúbicos de madera en rollo de pino, cedro y aile que estaban disponibles para ser transformados en tablas, junto con 1.768 m3 de madera aserrada que se almacenaba sin la respectiva documentación forestal. Los 40.19 m3 de madera en rollo y 1.768 m3 de madera aserrada representan 21 árboles talados provenientes de la comunidad indígena de San Felipe de los Alzati, ubicada en el mismo municipio de Zitácuaro, donde bandas de talamontes bien organizados saquean los bosques y amenazan a sus propietarios ocasionando serios problemas a los recursos forestales. Lo anterior, al limitar su regeneración y afectar los recursos naturales asociados como son el suelo, agua, flora y fauna. Cabe destacar que los bosques de esta zona son la estancia temporal de la mariposa monarca, durante la migración que realiza este insecto desde Estados Unidos y Canadá hacia México, por lo que se considera un área de influencia de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca en el estado de Michoacán. De hecho, estas acciones dan seguimiento a Operativos Forestales llevados a cabo previamente en la zona por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el fin de fortalecer el Operativo Forestal Intensivo y Permanente de Combate a la Tala Clandestina en la Reserva de la Biósfera. Los responsables de dichas actividades serán denunciados ante el Ministerio Público Federal (MPF), quien determinará su situación legal, toda vez que el almacenamiento y la transformación ilícita de madera es un delito federal por el que pueden hacerse acreedores a una pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa.
La Voz de Michoacán
