La secretaria del condado Rowan, Kim Davis, cerró el martes las persianas de su oficina para evitar ver a los manifestantes vestidos con los colores del arcoíris que estaban en el exterior. Los manifestantes portaban flores, banderas y letreros que decían "El matrimonio no es su propiedad" mientras gritaban a coro "Cumplan con su trabajo". Poco después, Davis dijo a una pareja de lesbianas que habían entrado al edificio y solicitado una licencia matrimonial que intentaran el trámite en otro condado. Davis figura entre el reducido número de funcionarios de la región, conocida como el Cinturón de la Biblia, que se oponen a la idea de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En un desafío a la Corte Suprema federal, esos funcionarios rehúsan emitir licencias a todo el mundo, sean parejas heterosexuales u homosexuales. "Es una convicción profundamente enraizada. Mi conciencia no me permite hacerlo", declaró Davis a The Associated Press. "Va en contra de todo lo que estimo, de todo lo que me es sagrado en la vida". Algunos jueces y secretarios en Alabama y Texas han hecho lo mismo. En nombre de la libertad religiosa y la libre expresión ordenaron que en sus oficinas no se expida ninguna licencia de matrimonio. Expertos jurídicos dudan que el argumento del derecho a la libertad religiosa proteja a los funcionarios públicos que rehúsen no sólo cumplir sus funciones por sus creencias personales, sino que declinen permitir que atiendan al público a quienes no tengan objeciones. Dos cosas pueden suceder si un secretario en Kentucky no emite una licencia de matrimonio a una pareja homosexual: Puede renunciar o ir a prisión, dijo Sam Marcosson, profesor de derecho constitucional en la Escuela de Derecho Louis D. Brandeis en la Universidad de Louisville. "Si alguien no puede cumplir los deberes a los que está obligado por sus creencias religiosas, entonces ya no puede ocupar un cargo", señaló Marcosson. "Eso es aplicable a un juez, un senador, a quien sea que ocupe un cargo público", apuntó. Los secretarios y jueces de paz tienen la última palabra sobre los matrimonios en los condados en el país, y en muchas zonas rurales hay pocas alternativas para centenares de miles de personas. Las parejas rechazadas podrían buscar una orden de un tribunal y el empleado que aún sea renuente a emitir una licencia podría ser encarcelado por desacato, señaló Marcosson.
La Voz de Michoacán
