La complejidad del marco regulatorio institucional en todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) ha sido un obstáculo para el establecimiento y operación legal de las empresas productivas en México, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Señala que el problema es un enorme sector productivo informal y el hecho de que buena parte de los actos de corrupción administrativa en la economía mexicana se derivan de la sobrerregulación de los procesos productivos. "Una cruzada a nivel nacional en busca de una mejora regulatoria estimularía la competitividad y productividad del país, reflejándose en mayor crecimiento económico. El problema no es técnico, el problema actual es la decisión política de hacerlo", estima. En su reporte semanal "Análisis económico ejecutivo", precisa que la relación positiva que existe entre la calidad del marco regulatorio y el crecimiento económico no es exclusiva del gobierno federal, esta se reproduce de igual manera a nivel estatal y municipal. Incluso, cálculos del propio CEESP señalan que un incremento de 10 por ciento en la calidad del marco regulatorio de las entidades federativas, al asumir que otros factores no cambian, puede tener un efecto positivo de 0.5 por ciento en el PIB. Para el organismo de investigación del sector privado, los negocios prosperan cuando hay una clara definición y protección a los derechos de propiedad, pero cuando existe una excesiva regulación sobre la actividad de las empresas se crean incentivos para estar en el sector informal. En este sector, continúa, los empleados no gozan de los beneficios de la seguridad social, ni planes de pensiones y los negocios no pagan impuestos, lo que reduce los recursos para la creación de infraestructura que ayude al desarrollo del país. "La regulación es un tema de suma importancia porque puede impulsar o inhibir el ritmo de crecimiento económico en función de si está bien o mal diseñado", asevera. Señala que donde existe excesiva regulación se da una relación negativa con la productividad y competitividad de la economía, lo que incentiva a evadir, en la manera de lo posible, el marco jurídico ante los costos que ello implica.
La Voz de Michoacán
