Notimex / La Voz de Michoacán México, 13 Abr.- Carecer de poder para decidir sobre mi propia persona es una violación a los derechos humanos, lamenta Ricardo Adair Coronel, joven con Síndrome de Asperger trastorno severo del desarrollo-, quien espera una sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que le sea retirado el estado de interdicción. Con 25 años de edad, Ricardo relata a Notimex que desde hace cinco y por determinación de un juez está sujeto a que un tutor decida por él sobre cuestiones como matrimonio, patria potestad, trámites médicos, viajes o compras. "Entristece saber que ni yo ni cualquier persona con discapacidad intelectual o psicosocial podremos decidir libremente sobre cuestiones como qué hacer, dónde y con quién vivir", cuando se determina el estado de interdicción. Por ello su decisión de interponer demanda de amparo ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para lograr que sea él quien pueda decidir sobre sí mismo, un caso que atrajo la Primera Sala de la SCJN el 6 de marzo pasado. "Abogados me explicaron que aunque nunca se había tramitado, era posible la eliminación del estado de interdicción, para que yo pudiera llevar una vida normal, tomar mis propias decisiones con apoyos, y para poder ser mejor cada día". Recuerda que cuando cumplió 18 años, en forma voluntaria sus padres tramitaron el juicio de interdicción ante un Juez de lo familiar, pues en ese tiempo sólo sabían que la acción protegía a las personas con discapacidad intelectual. "Fue hasta varios años después, en uno de los talleres de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual A.C. (Confe), que nos explicaron a mí y a mis padres que al no poder decidir sobre mí se estaban violentando mis derechos humanos". Fue cuando Ricardo joven con alto nivel de memoria y aprendizaje- con el apoyo de sus padres, de Confe y un grupo de abogados del Centro Estratégico de Impacto Social, decidieron interponer la demanda. El Síndrome Asperger, un trastorno del espectro autista que padece Ricardo, es de un grupo distintivo de afecciones neurológicas caracterizadas por un mayor o menor impedimento en las habilidades del lenguaje y la comunicación. De acuerdo con la directora de Confe, Raquel Jelinek Mendelsohn, mantener la figura de interdicción es una discriminación directa hacia este sector. Cita la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD), elevada a rango constitucional en México, la cual establece la necesidad de que el individuo pueda ejercer su capacidad jurídica a plenitud. "Tenemos que cambiar la ley, tenemos que actualizarla, modernizarla en el marco de la Convención para evitar atropellamiento a los derechos de Ricardo y a miles de personas que se encuentran en su situación". Andrés Aguinaco Gómez-Mont, quien encabeza el grupo de abogados en el caso de Adair Coronel, explica a su vez que en las próximas semanas el caso será turnado a uno de los ministros de la Primera Sala, y después de una votación se publicará una ejecutoría que determine si Ricardo tiene o no derecho a tomar sus propias decisiones. "Es el primer caso en toda Latinoamérica en el que se va a analizar si los modelos de tutela, de interdicción, que existen en México y en todos los países de Latinoamérica violan o no la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con Discapacidad".
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