Notimex / La Voz de Michoacán Miami, 15 Abr.- La mayoría de los inmigrantes detenidos en Miami-Dade en Florida, Estados Unidos, para ser deportados no son una amenaza para la seguridad pública, según un informe divulgado hoy por una organización defensora de los derechos de los inmigrantes. El estudio titulado "Promesas Falsas: El Fracaso de Comunidades Seguras en el Condado Miami-Dade" criticó los objetivos para los que fue creado el programa "Comunidades Seguras" que el gobierno del presidente Barack Obama lanzó en 2008. El programa estipula la detención y deportación de extranjeros con antecedentes penales que sean una amenaza seria para la seguridad pública así como los "violadores" constantes de las leyes de inmigración. Sin embargo, el informe de "Estadunidenses pro Justicia Inmigrante", encontró que el 61 por ciento de los detenidos que enfrentan deportación o son delincuentes de bajo nivel o no son culpables del delito por el cual fueron arrestados. El reporte preparado por el Centro de Investigación y Estudios Laborales de la Universidad Internacional de Florida durante un año y con mil 790 casos, señaló que los mexicanos y centroamericanos son los más afectados, pese a que constituyen un porcentaje bajo de la población local. Agregó que las entrevistas con los detenidos revelan que a menudo los residentes son arrestados por la policía "sin ninguna razón aparente y se les somete a la detención y a deportación". Citó como uno de los ejemplos el caso del mexicano Chel, quien fue detenido por la policía cuando conducía en 2011, tras mostrar una licencia de conducir caducada de Nuevo Mexico y entregado a las autoridades migratorias. A Chel se le dijo que fue detenido por conducir con una licencia vencida y luego fue procesado por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) para determinar si estaba o no legalmente en el país. Ahora espera la decisión de un juez migratorio sobre su posible deportación. Según el informe sólo el 18 por ciento de las personas que recibieron órdenes de deportación eran personas que constituían un alto riesgo de seguridad pública. Bajo el programa Comunidades Seguras, la policía local comparte datos con el ICE, que verifica si hay extranjeros para que puedan ser detenidos y deportados potencialmente. El ICE defendió el programa en un comunicado general que afirma que el programa otorga uso amplio de poder a discreción de los fiscales para la deportación de extranjeros con antecedentes penales así como otros individuos cuya deportación se considera prioritaria. Desde que se activó el programa el 27 de octubre del 2008 hasta el 31 de enero de este año, se han deportado más de 254 mil extranjeros con antecedentes penales, incluyendo más de 72 mil con convicciones por ofensas violentas como homicidio, violación y abuso sexual de niños, señaló.
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