Notimex / La Voz de Michoacán Washington, 30 Abr.- Líderes de organizaciones pro-inmigrantes criticaron hoy las restricciones en el proceso de legalización de unos 11 millones de indocumentados en el proyecto de ley que analiza el Senado de Estados Unidos. "Estamos preocupados porque el proyecto castiga a la gente por ser pobre", dijo en una teleconferencia el director de Políticas de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), Kevin Appleby. Señaló que los requisitos financieros pueden ascender a los miles de dólares por familia si se incluye las multas y tarifas, pagos a los abogados, proceso para la ciudadanía de más de 10 años, que son muy altos para personas con dos o tres empleos que reciben bajos salarios. Además, el proyecto de ley les impide beneficios bajo la reforma de salud, lo cual los pondrá en la disyuntiva entre pagar por un seguro médico privado o por la residencia permanente. Appleby pidió además que se extienda el plazo de los potenciales beneficiarios del 31 de diciembre de 2011 al 1 de enero de 2013, para evitar que miles de personas permanezcan "en las sombras" y en los próximos 20 años se vuelva a tocar el mismo tema. Los estadunidenses, que en su mayoría apoya la legalización, quieren que los funcionarios electos impulsen soluciones para evitar que permanezca una "subclase" de personas en una economía subterránea, puntualizó. Agregó que el presidente Barack Obama debe involucrarse más en los esfuerzos para que el Congreso apruebe una reforma migratoria, en lugar de quedarse al margen por el temor de ofender a algunos senadores. La directora del Centro Nacional de la Ley de Inmigración (NILC), Marielena Hincapié, elogió el esfuerzo del grupo bipartidista de ocho senadores sobre la reforma migratoria, pero indicó que se deben incluir mejoras para evitar que continúe la separación de las familias. "No queremos ver gente que entran en el proceso para el camino a la ciudadanía, pero solamente unos pocos miles queden", por lo que es necesario que los requisitos sean "justos, prácticos y realistas", puntualizó. La directora de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), Angélica Salas, cuestionó que a los solicitantes de la residencia permanente se les pida estar 125 por ciento por encima del nivel de la pobreza, cumplir con requisitos educativos y aprender inglés. Muchas personas tienen trabajos irregulares, incluyendo a las trabajadoras domésticas, por lo que muchos de los requisitos son poco prácticos, puntualizó. Por su parte, la subdirectora del Proyecto de Defensa del Inmigrante y miembro del grupo Immigrant Justice Network, Alisa Wellek, citó la necesidad del debido proceso a personas que han cometido delitos en el pasado, que podrían quedar excluidas de una eventual legalización. Por su parte, el director de la organización Mi Familia Vota, Francisco Heredia, indicó que las movilizaciones por una reforma migratoria justa continuarán este 1 de mayo para presionar al Congreso sobre la necesidad de aprobar el proyecto de ley este año.
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