Agencias / La Voz de Michoacán. Senadores perredistas presentaron un punto de acuerdo, que se analiza en comisiones, para solicitar a la PGR que informe sobre el número de personas acogidas al Programa de Testigos Protegidos o Colaboradores y el costo que tienen al erario. El legislador Benjamín Robles Montoya pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) envíe un informe con el número total de individuos que se han acogido a la figura de testigo protegido desde el 1 de diciembre de 2012 hasta la fecha. En el documento solicitó además datos de los recursos destinados y los que habrán de destinarse para el pago, la manutención y otros gastos a quienes se encuentren en esa situación durante el ejercicio fiscal de 2013. "Se estima conveniente conocer la manera en que se ha aplicado esta figura durante la actual administración y si en lo inmediato se prevé continuar aplicándola en los términos de la legislación vigente", externó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En entrevista mencionó que partir de las recientes liberaciones de Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare, cuyas acusaciones fueron sustentadas en testimonios falsos de testigos protegidos, tomó fuerza el debate sobre la eficacia de ese recurso. Indicó que existen varios argumentos en su contra, como el abuso en la cantidad para su manutención y/o la "pervertida" utilización de esa figura, "llegando al extremo de que acusaciones enteras se sustenten única y exclusivamente en testimonios de testigos protegidos". Asimismo consideró que el uso de esas figuras les ha asegurado a estos la impunidad por sus acciones, a cambio de su testimonio poco confiable y altamente susceptible de manipulación. Recordó que en ambas cámaras del Congreso de la Unión los grupos partidistas han externado su disposición para entrar al análisis del tema y a la discusión sobre la necesidad de reformar o eliminar la figura. De igual forma, dijo, en fechas recientes tanto el procurador general de la República como el subprocurador de Derechos Humanos han externado públicamente su apertura para que se revisen tanto esa figura como la utilización de los testigos protegidos. Benjamín Robles argumentó que por ello es necesario conocer los costos que implica actualmente para el Estado la operación del Programa de Testigos Protegidos, que continúa operando con independencia de la disposición institucional para revisarla.
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