Redacción web / La Voz de Michoacán. México reiteró su rechazo absoluto a la ejecución del ciudadano mexicano, Edgar Tamayo Arias, prevista para el 22 de enero próximo, al señalar que, de darse la ejecución, Estados Unidos violaría sus obligaciones internacionales. En un posicionamiento contra dicha condena, publicado este domingo por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México advierte que conforme al Fallo Avena de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Estados Unidos está obligado a revisar y reconsiderar las sentencias. Incluido en este fallo se encuentra Edgar Tamayo, porque estas personas fueron sentenciadas a muerte sin recibir información oportuna de su derecho a tener asistencia consular, conforme el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. De concretarse la sentencia, sería el tercer caso de ejecución de un mexicano amparado por el Fallo Avena y "una clara violación por parte de Estados Unidos a sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena". México recordó que observar esta Convención es fundamental para garantizar el derecho de toda persona al debido proceso, incluyendo ciudadanos de Estados Unidos que se encuentren en el extranjero. La cancillería reconoció el esfuerzo del gobierno federal de Estados Unidos para obligar a Texas a acatar el fallo de la CIJ, incluyendo el trabajo con algunos legisladores federales, para obligar a todos los estados de la Unión Americana a respetar la obligación internacional. Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con los abogados del señor Tamayo, ha hecho uso de todos los recursos políticos, legales y administrativos disponibles para evitar la ejecución de nuestro connacional, señala el comunicado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió medidas cautelares a favor de Tamayo el 18 de enero de 2012, cuando ordenó la suspensión de la sentencia. El 14 de enero se presentó una demanda federal en Austin, Texas, en la que se solicita que el gobernador y la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas (BPP) se abstengan proceder con la ejecución hasta que se establezca un procedimiento adecuado y transparente. Las acciones políticas incluyen entre otras, las cartas que el secretario José Antonio Meade, el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. También han enviado cartas diversos legisladores federales al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado, solicitando la suspensión de la ejecución. Asimismo la CIJ, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. Igualmente dirigieron misivas la Coalición Nacional Evangélica Latina, los embajadores de la Unión Europea, Reino Unido, El Salvador, Honduras y Uruguay en Estados Unidos; la American Bar Association, el American Friends Service Comittee, y los Departamentos de Estado y Justicia. El 15 de enero, el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) abrió el debate sobre la abolición de la pena de muerte en América y denunció el incumplimiento de Estados Unidos del fallo de la CIJ. "Esta Secretaría, a través de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior y el Consulado General de México en Houston, continuará asistiendo a familiares del connacional Edgar Tamayo Arias", afirmó. Algunas de las gestiones a favor de la familia incluyen el apoyo en la obtención de documentación de viaje para visitarlo en Texas, apoyo económico para su traslado, alimentación y hospedaje. La familia Tamayo también cuenta con el apoyo del gobierno de Morelos. "México se opone a la pena de muerte y está decidido a emplear los recursos necesarios para la protección de aquellos nacionales en peligro de recibir dicha condena, por lo que en el año 2000 creó el Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos (MCLAP)", abundó. Desde el 2000 a la fecha, este programa ha logrado evitar o revertir la imposición de la pena capital en 868 casos.
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