Notimex / La Voz de Michoacán Madrid, 12 Abr.- El gobierno de España aprobó hoy un decreto por el que modifica diversas normas en materia de requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno en las entidades de crédito y otras instituciones financieras. En rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que se incorporan al marco español las recomendaciones de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). En un comunicado, distribuido por el Ministerio de Economía y Competitividad, se indicó que fueron ampliados los requisitos actuales y se potencia un control continuo tanto por parte del Banco de España como de las propias entidades financieras. El real decreto amplía los niveles actuales de exigencia para la idoneidad en el ejercicio de las funciones de consejero, director general y asimilados. "En materia de honorabilidad, el supervisor valorará la trayectoria profesional, las condenas por delitos dolosos y la existencia de investigaciones fundadas en relación con delitos económicos", precisó el texto. Asimismo, destacó que la consideración de delitos dolosos, el Banco de España podrá recabar la opinión de una comisión de expertos creada al efecto. La aprobación de este decreto se da en momentos en que el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, esperaba la resolución de su situación después que el Tribunal Supremo reiteró una sentencia en su contra (por denuncia falsa) a pesar de que había sido indultado. El 25 de noviembre de 2011, una de las últimas reuniones del Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, concedió el indulto al banquero, quien estaba acusado de un delito de acusación falsa. Sáenz fue sentenciado a tres meses de prisión e inhabilitación por ese delito cometido en 1994 cuando era presidente del banco Banesto, ahora propiedad del Grupo Santander, y por el que también fueron acusados el ex directivo Miguel Ángel Calama y el abogado Rafael Jiménez de Parga. Los hechos se remontan a 1994 cuando Sáenz denunció a tres empresarios a los que acusó de no pagar una deuda con Banesto, por lo que fueron detenidos, pero dos años después se anuló su caso y el juez lo condenó por prevaricación.
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