No se ha esclarecido desfalco en el Gobierno de Michoacán

Javier Favela/La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. La auditoría forense costó 16 millones de pesos y no esclareció el desfalco financiero en el Gobierno del Estado, recriminó el diputado del Partido del Trabajo, Baltazar Gaona García.

Reprochó que el informe final del despacho “Asesores de Negocios PKF México” parezca justificar las muchas inconsistencias halladas en la cuenta “Cargos por Aplicar”, vigente durante los años 2003-2014, sin señalar anomalías que merezcan denuncias ante el Ministerio Público, sin reportar desvíos ni siquiera la más mínima contravenciones a la norma sobre distribución de dineros públicos.

Reclamó que la auditoría forense no haya desentrañado la madeja de la licuadora financiera que al último día de 2014 ascendía a 23 mil 983 millones de pesos, según las subcuentas que la integraban.

Gaona García solicitó que el despacho PKF México regrese el pago de 16 millones por incumplir el mandato del decreto legislativo 345, por considerar que los resultados no son satisfactorios.

Aunado a ello, por la extemporaneidad del informe, y suponiendo que se hubiese señalado a algún funcionario como responsable del mal uso de recursos públicos, cualquier acción penal, civil, fiscal o administrativa ya hubiera prescrito”, lamentó.

Evidenció que los únicos beneficiarios y culpables del inminente colapso financiero estatal son aquellos exfuncionarios que autorizaron al Ejecutivo estatal en turno, a endeudarse en forma irresponsable, así como la banca comercial a la que año con año se le destina una creciente tajada del presupuesto estatal, hipotecando conjuntamente el futuro de nuestros hijos.

Si ya nos robaron, no permitamos que lo sigan haciendo”, arengó.

Cabe recordar que la anterior Legislatura acordó que, en caso de encontrarse evidencias de que algún funcionario público hubiera cometido alguna falta, se les daría aviso a las autoridades, con la finalidad de que se iniciaran las investigaciones correspondientes y determinar si ese funcionario era culpable o no. La licitación para adjudicar dichos servicios fue estatal y no nacional.