Javier Favela/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Diputados locales descartaron prorrogar el nombramiento de José Luis López Salgado al frente de la Auditoría Superior de Michoacán y determinaron que Artemio Zaragoza Tapia asuma la suplencia a partir del próximo 8 de diciembre hasta que llegue el relevo que vaya a designar el pleno del Congreso el año entrante. Zaragoza Tapia, actual auditor especial de Normatividad y Control de Calidad, es ingeniero civil egresado de la UMSNH con especialidad en obras hidrálicas y con maestría en administración. El virtual auditor superior ha lamentado que el imaginario colectivo asocie el sistema estatal anticorrupción con “meter a servidores públicos en la cárcel porque entonces estaríamos pensando que (los funcionarios) son corruptos solo por ser servidores públicos”. Ayer la Comisión Inspectora de la Auditoría determinó que Zaragoza Tapia asuma la suplencia dentro de 15 días, y aprobó por unanimidad la convocatoria pública para elegir al nuevo auditor. En la valoración de los legisladores para denegarle la prórroga a López Salgado pesó que no le haya alcanzado 7 años al frente de la Auditoría para generar resultados concluyentes y definitivos en la fiscalización de la presa Múgica y el teatro Matamoros, dos emblemáticos monumentos al dispendio y a la impunidad. Odebrecht, la constructora de la Presa Múgica, no aparece en ninguno de los pliegos de observaciones emitidos por el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. El gigante corporativo (acosado por la mayor investigación judicial sobre corrupción en la historia de Brasil) es un fantasma en el estado. El costo inicial de la Presa ascendía a 1,590 millones de pesos, según el contrato de origen. Posteriormente el entonces gobernador Leonel Godoy oficializó durante la inauguración de la obra hidroagrícola en febrero del 2011 que la inversión global superó los 2 mil 600 millones de pesos. Por razones desconocidas, la fiscalización legislativa estuvo paralizada durante casi tres años. Zaragoza es un prudente y circunspecto funcionario de la Auditoría, correspondiente a la cuota del PRD. El hoy auditor especial de Normatividad ha anotado que la Ley del sistema estatal anticorrupción derogó la atribución de la Auditoría Superior para sancionar las faltas administrativas graves, siendo transferida a los magistrados anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. “Yo le apuesto mucho a la prevención” Los nuevos alcaldes “se sienten frustrados porque quieren ejecutar obras en forma inmediata, pero hallan una sobrerregulación al tomar decisiones”. Cabe referir que durante el presente año la Auditoría Superior sufrió una dramática reducción presupuestal, según el informe financiero que forma parte del acta de entrega-recepción de la 73 legislatura. El órgano fiscalizador del Congreso iba a ejercer 147.3 millones de pesos durante el 2018, pero se le redujeron 70 millones de pesos, por lo que la partida final quedó situada a 77.3 millones.
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