Efe / La Voz de Michoacán La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una investigación profunda sobre las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos durante una protesta por el acceso al agua limpia en Guadalajara, Jalisco, y exigió identificar y sancionar a los responsables. “¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”, cuestionó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en la que calificó de inadmisibles las denuncias de violencia policial. La gobernante mexicana afirmó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre lo ocurrido durante la manifestación del domingo pasado, cuando agentes estatales utilizaron chorros de agua a presión y gases lacrimógenos contra los participantes. “Además del uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, sostuvo. La presidenta insistió en que la CNDH debe entrevistar a las víctimas, esclarecer las circunstancias de las detenciones y determinar quién ordenó la actuación policial. “¿Quién dio la orden? ¿Por qué? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables”, reclamó. Asimismo, señaló que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debe responder por lo sucedido y consideró que, ante denuncias de esta naturaleza, también podría intervenir la Fiscalía General de la República (FGR). Protesta por agua contaminada Las declaraciones se producen tras la manifestación del 11 de octubre, cuando miles de habitantes de Guadalajara protestaron por la mala calidad del agua que reciben en sus hogares. La movilización terminó en enfrentamientos frente a la residencia oficial del gobernador, donde policías estatales utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los manifestantes. La Fiscalía de Jalisco informó inicialmente de 39 personas detenidas, aunque organizaciones civiles denunciaron un número mayor de arrestos, además de agresiones físicas y posibles actos de tortura contra algunos participantes. Amnistía Internacional condenó la actuación policial y pidió investigar las posibles violaciones de derechos humanos, así como garantizar la integridad y el debido proceso de las personas detenidas. El gobernador Lemus reconoció posteriormente que se cometieron graves errores durante el operativo y admitió excesos policiales, por lo que anunció una investigación interna con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Las autoridades estatales también informaron de la liberación de las 39 personas detenidas tras la protesta. Sheinbaum reiteró que las fuerzas de seguridad no pueden recurrir a la tortura ni a la represión contra quienes ejercen su derecho a manifestarse. “No podemos permitir, nosotros que venimos de luchar contra la represión, que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen”, afirmó.
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