Notimex/La Voz de Michoacán Caracas. El gobierno de Venezuela rechazó hoy el inicio de una investigación preliminar a cargo de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles crímenes de las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2017, que dejaron más de 100 muertos muertos, heridos y daños al patrimonio del país. En un comunicado, el gobierno dijo que el país es un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que otorga preeminencia a los derechos humanos. Indica que de abril a julio de 2017, el pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas, convocadas y financiadas por sectores de la oposición venezolana “extremistas y antidemocráticas, con la finalidad de derrocar el gobierno constitucional” del presidente Nicolás Maduro. Señaló que los sucesos de violencia focalizada en menos del 10 por ciento del territorio, arrojaron como saldo víctimas fatales tanto civiles como funcionarios de las fuerzas del orden público, cientos de heridos e importantes daños tanto al patrimonio de la nación como a establecimientos privados. Sorprende a Venezuela la ausencia de una comunicación oficial proveniente de la Fiscal de la Corte, y que sea a través de la información difundida en un comunicado, que se haga de nuestro conocimiento los infundados alegatos, alterando así el principio del debido proceso", indicó. A pesar de ello, aseguró a la CPI plena contribución para que se diluciden los hechos, al tiempo que está en la disposición de suministrarle información relevante a efecto de comprobar que no hay cabida a la jurisdicción de este organismo internacional. Agregó que la CPI sólo podrá conocer aquellos casos en que un Estado se niegue a investigar o judicializar una situación de las que son competencia de la Corte, lo cual, afirma, no es el caso venezolano. Dijo que el examen preliminar es un procedimiento inexistente en el Estatuto de Roma como fase o etapa investigativa o procesal. Se trata de 'un proceso al estilo de la inquisición', implantado por la Fiscalía como práctica mediática, infamante y extorsiva a perpetuidad hacia los Estados", expuso. Agregó que el sistema judicial venezolano adelanta los procesos legales correspondientes para llevar justicia a cada una de personas que en esos casos vieron vulnerados sus derechos. La fiscal del organismo internacional con sede en La Haya, Fatou Bensouda, anunció la investigación preliminar por las protestas, que dejaron más de 100 muertos y miles de heridos. La denuncia fue impulsada por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien presentó una acusación contra el presidente Maduro y varios de sus ministros y jefes castrenses.
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