El Universal / La Voz de Michoacán Ciudad de México. La diputada de Morena, Lorena Villavicencio, propuso a los gobiernos federal, estatales y municipales emitir una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en todo el territorio mexicano para aplicar a nivel nacional políticas públicas que atajen las agresiones y discriminación por motivos de género. Reconoció que el mismo gobierno no ha planteado alternativas serias para erradicarla y ello se evidencia en recorte al presupuesto para proteger a mujeres y niños, lo que es "violencia institucional", y en no promover cambios al sistema de justicia que revictimiza a las mujeres que denuncian agresiones o violación. "Así, con una Alerta de Género en todo el país, acatando las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), al Estado se obligará a campañas de prevención en las escuelas con padres y madres, centros de trabajo, instituciones, medios de comunicación, plataformas y redes".Diputada Lorena Villavicencio. En ese marco se deberá certificar a los funcionarios que trabajan con mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia; generar un registro real de agresores, no sólo de detenidos; eliminar el fuero eclesiástico que se le otorga a los pederastas y las prescripciones de tiempo para delitos relacionados con cualquier tipo de violencia contra este sector de la población y sancionar a quien omita denunciar a un agresor. "Basta de victimizar a las mujeres que acuden a denunciar al Ministerio Público, donde son descalificadas en razón del parentesco con el agresor, forma de vestir, conducta sexual o lugar y hora donde se encontraban al ser agredidas. Alto a los estereotipos de género que impactan las investigaciones y valoración de las pruebas afectando el proceso penal y dejando a salvo a los agresores". Para la diputada de Morena, el Estado no ha cumplido con su obligación de prevenir y erradicar la violencia, discriminación y el acceso a la justicia, ya que "no tenemos un sistema judicial que garantice el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y que crean en lo que dicen las mujeres, niñas y niños". El gobierno ha, acusa, "discriminado seriamente a las mujeres y a la niñez al no reflejar sus necesidades fundamentales en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020", expuso. Demandó por eso que se restituyan las estancias infantiles o centros de educación inicial: "no son un capricho de la oposición, sino una indispensable política pública para garantizar la integridad de niñas y niños". El 90 % de los abusos contra los niñas, niños y adolescentes se cometen en casa, por eso "es inaplazable la necesidad de restablecer esta política pública, ya que podría garantizar el desarrollo y acceso al trabajo a las mujeres contribuyendo a acabar con la visión de que su cuidado es una obligación exclusiva de ellas cuando es corresponsabilidad del Estado, familia y sociedad". Villavicencio Ayala, integrante de las comisiones de Justicia, y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, advirtió por tanto que "queda claro que la violencia institucional, el recorte en el presupuesto y las omisiones en materia de justicia se traducen en impunidad y fomentan el aumento de la violencia contra las mujeres… constituye la principal violación de derechos humanos y erradicarla es una responsabilidad del Estado".
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