Redacción / La Voz de Michoacán México. La delincuencia organizada también ha impuesto “medidas restrictivas” durante la contingencia sanitaria del COVID-19 en diversas entidades del país, reveló la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. En la segunda entrega de “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la dependencia federal observó que durante abril y mayo grupos delictivos implementaron en 4 estados medidas como toques de queda, amenazas a médicos, aislamiento y cobro de impuestos. De acuerdo con el informe, del 19 al 25 de abril, en Iguala, Guerrero, un grupo sin identificar obligó al toque de queda a la población, mientras que en Petatlán, del 3 al 9 de mayo se registraron amenazas a médicos sin especificar al grupo responsable. Por su parte, del 12 al 18 de abril el Cártel de Sinaloa impuso toques de queda en Culiacán, misma medida aplicada en Los Mochis del 19 al 25 de abril, aunque sin información sobre grupo alguno. En Tuxpan, Veracruz, el grupo Sombra forzó a los ciudadanos a mantenerse en aislamiento del 26 de abril al 2 de mayo, y en Nayarit, en la población se Santiago Ixcuintla, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin especificar periodo, impuso cobro de impuestos. La Segob consideró que la aplicación de retenes por parte de las autoridades estatales y municipales, sin una vigilancia, temporalidad y actuación clara, con protocolos bien establecidos, es aprovechado por el crimen organizado para el control de “ciertos territorios”. El informe expone que entre abril y mayo se implementaron 54 toques de queda a nivel municipal de manera oficial: Baja California (3), Baja California Sur (1), Chiapas (1), Coahuila (1), Durango (1), Guerrero (2), Michoacán (3), Nuevo León (2), Oaxaca (4), Puebla (1), Quinta Roo (5), Sonora (20), Yucatán (6), Zacatecas (4). Destaca el caso de Jalisco donde, a partir de su decreto del 20 de abril y hasta el 11 de mayo, las autoridades arrestaron a 412 personas, además de disolver grupos en espacios públicos con un total de 8 mil 398 personas sancionadas. “A partir del asesinato de Giovanni López, el propio gobernador (Enrique Alfaro) declaró que existía la posibilidad de que el crimen organizado estuviera involucrado en los hechos ocurridos el 6 y 7 de junio, a partir del levantamiento y no localización de jóvenes durante las protestas en su estado”. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración señala que los “retenes, cierres de fronteras estatales o municipales, y cierre de carreteras, son restricciones severas al derecho al libre tránsito. La Ciudad de México, estados y municipios no tienen competencia para dictarlos, salvo que haya una autorización expresa del Consejo de Salubridad General para, por ejemplo, establecer cordones sanitarios. Incluso si se argumentara que pudieran tener competencia, estas medidas impuestas con el uso de la fuerza no cumplen con los requisitos de proporcionalidad”.
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