Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Activistas condenan el avance de Ley Ambiental en Michoacán, al considerar que sigue siendo más un tema de multas y sanciones, y no un paquete integral de políticas públicas en torno al tema ecológico en la entidad. A más de 18 meses de que se discute en el Congreso la actualización de la ley, ambientalistas condenan y aseguran que las intenciones de legisladores locales, así como de autoridades estatales es el “dar permisos para contaminar”, los cuales se otorgan bajo el concepto de multas preestablecidas para una serie de faltas. En el foro virtual convocado por el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, la participación de académicos y ambientalistas dejó en claro que aspectos como la contaminación del agua, el cambio ilegal del uso de suelo y el desecho de las industrias son puntos que se abordan únicamente con un coste y no como una política pública integral que busque reparar el daño al ecosistema y no simplemente cobrar un recurso monetario a quien lo afecte de manera importante. En su participación, el activista Moctezuma Madrigal ratificó que, tal como acusan las cámaras empresariales –especialmente industriales- de Michoacán, la propuesta presentada se encuentra basada únicamente en la recaudación fiscal, pues es más que nada un tabulador de multas. Acusó que, a pesar de los exhortos de los activistas, no se les ha convocado a participar directamente en el desarrollo de la legislación que recientemente fue aprobada en comisiones, pese a que la misma normativa pide el apoyo de ciertos sectores para integrar el debate. Esto mismo también ha sido criticado por la iniciativa privada. Uno de los temas que más preocupa es el de las Áreas Naturales Protegidas, las cuales han resentido en últimos años la capacidad institucional de poder reducirlas bajo el argumento de urbanismo u obra pública. Los ambientalistas manifestaron que es regresivo el manejo que se les dará a las ANP, áreas ya afectadas de por sí cada año por incendios forestales con el fin de cambio ilegal de uso de suelo. También preocupa la discrecionalidad con la que se han manejado los fondos ambientales y por la forma en la que se manejaría la recaudación a partir de los recursos provenientes de esta ley, en donde, destacan, lo que más ha privado es la falta de transparencia. El activista Carlos Olivares también coincidió en que los diputados siguen incidiendo en no apoyarse de especialistas, a pesar de los señalamientos y la experiencia de quienes durante años han defendido los bosques michoacanos. Están a punto de dar un albazo legislativo con el dictamen de ley ambiental, el cual tiene una dedicatoria a favor del poder fáctico en un contexto electoral; además de ser regresivo y agresivo contra los derechos sociales de las personas en el estado, es meramente recaudatoria la política de nuestros diputados”.Carlos Olivares, activista. POCA COHERENCIA DE LA AUTORIDAD Ha sido el mismo Gobierno de Michoacán y los legisladores locales los que han señalado la problemática en cuanto al tema ambiental como un tema urgente de atenderse sin que la preocupación se materialice como tal en otra cosa que no sean tabuladores de sanciones . Desde la última actualización de la Ley Ambiental del Estado de Michoacán en 2014, los delitos de esta índole se consideran como “no graves”, por lo que con el nuevo sistema de justicia penal difícilmente se logra procesar o encarcelar a quienes año con año incendian o talan los bosques, selvas y terrenos forestales del estado. La situación cada día es más compleja para los ejidatarios de los bosques michoacanos en el tema de preservación. Desde el 2019, Michoacán ha quedado fuera de los programas ambientales de la Federación, por lo que la Mesa de Seguridad Ambiental ha precisado la necesidad de que se instauren mecanismos para preservar los ecosistemas forestales y selváticos del estado. Desde finales del año pasado, los legisladores se comprometieron a “sacar” la nueva propuesta. Hasta el momento el paquete de ley sigue siendo discutido en la comisión de medioambiente, la cual es presidida por la diputada Mayela Salas Sáenz. Cabe destacar que el sector empresarial de Michoacán también ha manifestado su preocupación en torno a aspectos incluidos en la legislación que está próxima a discutirse en el pleno del Congreso del estado de Michoacán y los puntos de coincidencia son amplios en relación con los activistas.
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