Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El aumento al salario mínimo en México, específicamente a los obreros en el ramo automotriz, que exige la delegación de EUA como parte de las negociaciones del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN), es simple y llanamente “inviable”, esto no sólo ha sido repetido por representantes del gobierno mexicano, sino que el INEGI y la STPS demuestran que ajustes bruscos de este tipo están totalmente fuera de la óptica nacional. El 27 de marzo la comitiva estadounidense puso la condición a México de que aumentara el salario a 15 dólares la hora, al menos en el sector automotriz, para poder continuar con las renegociaciones del TLCAN, las cuales están empantanadas. La petición no es nueva, desde antes de comenzar el diálogo, el presidente Donald Trump señaló la necesidad de que su vecino del sur elevara los salarios. ¿La razón? El proteccionismo del millonario requiere que las firmas norteamericanas dejen de buscar mano de obra barata fuera del país. En el caso de las armadoras Trump considera que nivelando salarios las compañías no verían ventajas en mudar sus plantas, pues si la mano de obra se cotiza igual, el costo total de producción sería equivalente; otro paso fue la reforma fiscal, que colabora con las grandes empresas en darles beneficios tributarios para evitar emigren. Así, el centro de estas peticiones y exigencias es la discordia en el sector automotriz, al que el magnate le apuesta para recuperar la fortaleza del mercado local como antaño (junto con el sector acerero). Dice la agencia Inside Us Trade, que la propuesta de aumentar el salario a 15 dólares que fue presentada por el representante comercial de EUA, Robert Lighthizer, a la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, y al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; señala que “México se resiste a pagar más a sus obreros, pero Washington afirma que es la única forma de equilibrar el sector, que genera millones de empleos”. A cambio de aceptar, Lightizer aseguró a la delegación mexicana que EUA cedería en algunos puntos, como el requisito de que 50 por ciento de los autos comerciados en la zona pertenecieran a armadoras de Norteamérica. Ildefonso Guajardo no contestó inmediatamente, sí lo hizo Roberto Campa, secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS): “No se pueden generar empleos por decreto, ni se pueden aumentar salarios sin tomar en cuenta la economía”. Afirma que “en leyes económicas las facturas se pagan tarde o temprano, así se debe hacer todo seriamente y revisando consecuencias”. Si bien el salario mínimo se entiende primero como tabulador de lo que puede y debe ganar un asalariado como menos, dicen autoridades y analistas que “su alcance es más profundo y sirve como índice para cálculos que infieren en la economía: desde multas y acuerdos de contratos colectivos, hasta intereses”, como refiere Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación. Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), está en contra: “Si México acepta un alza de salarios puede estar en riesgo la competitividad regional”. Agregó que es necesario que México “fije absoluto rechazo a la intervención en sueldos, así como pedir respeto a las leyes laborales”. Albín Santos es consciente que los salarios mexicanos en el sector automotriz son la quinta parte de los pagados a trabajadores de autos y piezas por hora en EUA, y justifica que “esa es parte de la competitividad del mercado mexicano: una buena mano de obra a costo accesible”. La industria local teme pérdida de inversiones que busca Trump con este movimiento. Pero la nueva medida de aumentar el salario podría servir para sustituir el arancel que pretendía imponer EUA a productos mexicanos, entre ellos carros y camionetas. El impuesto sería innecesario para encarecer la exportación de automotores mexicana, pues el producto llegaría más caro porque sería obligado a aumentar costos si se obliga el alza salarial de esta magnitud. Para más información consulte la edición impresa del 16 de abril
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