Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Inestabilidad en procesos electorales, impugnación y dudas sobre la legitimidad de los gobernantes en la región purépecha del estado de Michoacán obedecen a la colusión de los grupos de la delincuencia organizada en las estructuras municipales y de representación popular. En voz de distintas comunidades, lo anterior ha propiciado condiciones de tala inmoderada, extorsiones, homicidios y la proliferación de actividades ilícitas bajo el amparo de las autoridades civiles de los últimos años. En el marco del foro organizado por la organización civil Serapaz México se llevó a cabo la presentación del Informe de la Misión Civil de Observación en Michoacán “Hicieron sonar las campanas” que diversas organizaciones realizaron en contexto de la jornada electoral. En el caso de las comunidades indígenas tanto Nahuatzen como Cherán y otras demarcaciones advirtieron su preocupación en torno al manejo de las autoridades y la presunta colusión de los grupos de la delincuencia organizada en la toma de decisiones. Desde este punto de vista, argumentó Serapaz que el camino de la autonomía de las comunidades indígenas es la única ruta para erradicar dichos males, tal como sucedió en el caso de Cherán, según ejemplificaron. Recordaron que incluso este caso fueron las mujeres quiénes expulsaron al gobierno municipal luego de que se le acusara de ser cómplice de los grupos delincuenciales para la tala inmoderada y degradación de los ecosistemas forestales. Daniel Islas, de la región purépecha del estado de Michoacán, denunció la situación que se vive en comunidades como Ocumicho, en donde la población ya se ha organizado para conformar su propio gobierno comunal luego de presuntos despojos de tierras, extorsiones y explotación de los suelos de manera ilegal. “Esto que está impugnado en muchos otros lados es precisamente a partir de la poca claridad que existe con el proceso”, indicó. El financiamiento de los partidos políticos no sólo viene del gobierno federal, mucho tiene que ver esa inversión de los grupos delictivos de financiar campañas que son perfiles ideales para que una vez legado al poder toleren todo lo que a los grupos delincuenciales les favorece. Uno de los casos más evidentes es la tala inmoderada. Mucho de nuestro suelo forestal ha sido destruido bajo estas condiciones”. Daniel Islas, habitante de la región indígena de Michoacán Son al menos 5 comunidades indígenas de la meseta Purépecha que han denunciado la presencia del narco y civiles armados, que ante el vacío institucional han aprovechado para la instalación de huertas de aguacate, así como la tala inmoderada de las reservas forestales de la zona. Advirtieron que hay empresas frutícolas que se encuentran también coludidas con el narco y con los gobiernos municipales para que les sean autorizados cambios de uso de suelo en total impunidad. ‘AUTONOMÍA. LA ÚNICA SALIDA’ Los representantes de distintas comunidades y activistas de la región purépecha coincidieron que, ante el panorama anterior, la única salida que han encontrado es la consolidación de sus propios consejos comunales y la exclusión de sus recursos de manera proporcional a la densidad poblacional en sus demarcaciones. Actualmente, son un poco más de 11 comunidades las que ya ejercen de manera directa sus presupuestos mientras que hay casi 60 pueblos originarios formados ante los tribunales e institutos electorales para solicitar lo propio en cuanto a sus recursos económicos y su forma de representación comunal. Este 2021, poblaciones como Ocumicho, Zirahuén y próximamente otras tres estarán presentándose en los tribunales electorales y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para exhortar y pedir las consultas necesarias para establecer sus propios consejos comunales y recibir sus propios recursos. CONSEJOS, TAMBIÉN COLUDIDOS, REFIEREN POBLADORES Vale la pena destacar que desde la óptica oficial son varios de estos consejos comunales los que están vinculados a grupos del crimen organizado en temas como tala ilegal y producción de narcóticos, versión que incluso ha sido compartida por habitantes de estas comunidades que están en contra de estas formas de autogobierno, al considerarlas que están ligadas, precisamente, a estructuras criminales que buscan abrirse camino mediante las lagunas que involucran estas normativas. El caso más reciente de rechazo es la cabecera municipal de Nahuatzen, donde el 99 por ciento de la población está en contra del autonombrado consejo indígena, acusado de ser integrado por viejos políticos que no podían tener el control de otra forma e incluso de ser apoyados en algún grado por grupos criminales. Otras poblaciones de la demarcación también tendrían problemáticas similares, según esta postura.
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