Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A paso lento, avanza el proceso de declaración de bienes patrimoniales de funcionarios de gobierno del estado de Michoacán. A un año de que la Ley estatal se modificó, un 20 por ciento de los más de 120 mil sujetos obligados han presentado la documentación que avala su patrimonio y el origen del mismo. En voz de Francisco Huego Maurín, Titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán (SECOEM), el proceso es largo y complejo. Para el mes de diciembre de este 2021, se deberán de incluir a profesores, elementos policiales y prácticamente todos los trabajadores del estado en las declaraciones. Por la complejidad del proceso, será el próximo gobierno estatal el que tenga que concluir con la titánica tarea. Hasta el momento, se han logrado mesas de trabajo con los líderes sindicales de distintas expresiones para acercar a los gremios de trabajadores los mecanismos de transparencia. Las sanciones también son claras. Quienes incumplan con la ley de transparencia quedarán inhabilitados para ocupar puestos de función pública hasta que se resuelva su situación ante la propia contraloría del estado. Estamos trabajando con los sindicatos, por ejemplo el STASPE, Toño Ferreira con toda la disposición y con toda su gente y tenemos más de 6 mil iniciales que se están sumando a este largo proceso. Tenemos casi 20 mil, que es casi el 20 por ciento del grueso, pero tendrá que seguirse trabajando porque no es fácil sentar a los 70 mil maestros y convencerlos que la nueva modalidad que se requiere para trabajar. Vamos lentos con ellos para lograrlo y convencerlos. Se irán sumando”, manifestó. A pregunta expresa de esta casa editorial, Huergo Maurín exhortó a las y los servidores públicos a presentar su declaración de Situación Patrimonial de Modificación conforme al acuerdo en el que se adiciona un Artículo Quinto Transitorio, que señala que un plazo para la presentación de dicha declaración. La administración entrante tendrá que conciliar con los más de 70 mil profesores estatales y demás gremios de trabajadores incluyendo los gremios de salud para que cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia. Huergo Maurín aseguró que quienes lleguen a la dependencia contarán con toda la información y herramientas para cumplimentar el mandato legislativo. Otro de los aspectos que se estaría incluyendo en las declaraciones patrimoniales de los más de 120 mil trabajadores obligados del estado de Michoacán, es la revisión que coincidan los salarios con los ingresos de los mismos. Explicó, sobre todo en puestos de primer nivel se tendrá que vigilar que no haya disparidad. Tienen que hacerlo y aunque las normas han cambado tenemos que cumplirlo. Sí, hay capacidad y los sistemas. A la par de que está más complicado el sistema se ha modernizado y simplificado. El simplificado es el que van a llenar la mayor parte y solo tienen el dato básico de cuánto ganan y de dónde son. Son elementos muy básicos. El año que entra vendrán nuevas modificaciones”, explicó. Hasta el año 2018, en la entidad eran apenas 11 mil sujetos obligados entre los que se destacaban funcionarios de primer nivel y puestos de elección popular. No obstante con las reformas de ese mismo año se agregaron casi 100 mil trabajadores de los distintos niveles de gobierno como sujetos obligados a transparentar. PREPARAN TRANSICIÓN DE GOBIERNO. La legislación es clara, en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, y de conformidad al Artículo 32, señala que “estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Secretaría o su respectivo órgano interno de control, a través del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley”. Debido a la naturaleza misma del proceso, el titular de la SECOEM, explicó que no se pueden deber los nombre de los originarios que se mantienen en proceso. En caso de que no cumplan serán añadidos a la lista de inhabilitación es que los últimos años ya suman cientos de nombres de funcionarios y exfuncionarios por irregularidades.
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