Leo Zuckermann López Obrador la trae con los jueces desde hace muchos años. Durante sus múltiples campañas los tildó de corruptos al servicio de una minoría rapaz. Y claro que existe corrupción, nepotismo y conflictos de interés en el Poder Judicial Federal. Hasta el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo ha reconocido. Pero de ahí a tratar de hacer lo que quiere AMLO, regresar a un Judicial subordinado al Ejecutivo, hay un largo camino. Eso no funciona. Lo que no dice AMLO es que, cuando los jueces eran empleados del presidente, había más corrupción que en la actualidad. Para el ministro presidente de la SCJN ha sido un dolor de cabeza la relación con López Obrador, aunque elegantemente diga que todo ha sido como un cuento de hadas. La realidad que Arturo Zaldívar ha tenido que hilar fino y, sí, hacer mucha política. Hay quienes lo han criticado por su falta de valentía para defender el poder que preside. Creen que se ha sometido a los dictados de Palacio Nacional. Yo no lo veo así. Zaldívar logró negociar con el Presidente y sus mayorías legislativas una reforma al Poder Judicial. Ejecutivo y Legislativo pudieron haber impuesto una. Pero Zaldívar luchó porque se tomarán en cuenta los puntos de vista del Judicial. Para tal efecto, se puso el overol político. Hay quienes piensan que los ministros no están para eso sino para interpretar la Constitución. Ésa es su misión principal. Pero los jueces, sobre todo el que los preside, son parte del Estado y, como tal, algo de política tienen hacer, sobre todo para defender su autonomía a capa y espada. Como parte de la reforma judicial, de último momento se introdujo un artículo transitorio que extendía el mandato de Zaldívar por dos años más como Presidente de la SCJN. También se ampliaban los plazos de los consejeros de la Judicatura Federal. Un artículo transitorio en una ley secundaria que contradice a la Constitución que estipula que el periodo de Presidente de la Corte es de cuatro años sin reelección. El gran defensor de esta extensión de mandato fue nada menos que López Obrador. Zaldívar, en cambio, guardó silencio que muchos interpretaron como un acuerdo tácito. No faltó quien dijo que, detrás del transitorio, estaba Zaldívar a quien le encantaba la idea de quedarse más tiempo en el poder. La autonomía del Judicial se puso en entredicho. La ampliación se interpretó como parte de un pacto entre AMLO y Zaldívar para controlar la SCJN. Yo no sé si Zaldívar sabía que, de último momento, en un transitorio, le extenderían su periodo o fue una sorpresa. Tampoco sé si fue una estrategia acordada con el ministro para medir el agua a los camotes de cómo reaccionarían los otros diez ministros de la Corte y la opinión publicada. Lo que sí sé es que, cuando la reforma judicial fue promulgada, Zaldívar salió a declarar que él no aceptaría quedarse dos años más como Presidente de la SCJN. Un día antes, Zaldívar se lo había comunicado a López Obrador, principal impulsor de la extensión del mandato. El Presidente tuvo que comerse ese sapo y, como sabemos, a este mandatario no le gusta nada que no se cumpla su voluntad. El hecho es que Zaldívar rechazó lo que algunos medios bautizaron como “el regalazo”. Habrá un nuevo presidente de la SCJN y de la Judicatura en 2022. Se salvaguardó, por tanto, la autonomía del Poder Judicial. Una magnífica noticia para la democracia mexicana. Pero no podemos quedarnos ahí. La defensa de la independencia de los poderes es un asunto cotidiano. Lo que sigue para la SCJN es muy importante para ello. Primero, la Corte deberá votar la inconstitucionalidad del artículo transitorio de la ley secundaria que amplía el mandato al Presidente de la SCJN y consejeros de la Judicatura. Ya el ministro Fernando Franco presentó un proyecto que va en este sentido. Para la defensa de la autonomía del Poder Judicial, lo mejor sería que todos los ministros votaran a favor de esta propuesta. Pero luego la SCJN tiene que empezar a desahogar los muchos casos que tiene pendiente de resolver de leyes que son el centro de la agenda de la Cuarta Transformación, por ejemplo, la ley de austeridad republicana, la de remuneración de funcionarios públicos, la de extinción de dominio, la de delitos fiscales, la de prisión forzosa, la de las fuerzas armadas y la seguridad pública; la de la Guardia Nacional, la de registro de detenciones, la de uso de la fuerza pública y la de la industria eléctrica. Como ha dicho muchas veces Zaldívar, a la SCJN hay que evaluarla por sus sentencias. Tiene razón. Vamos a ver cómo deciden los ministros en todos estos casos. Qué tanto están dispuestos a enfrentarse o no al poder presidencial. Twitter: @leozuckermann
La Voz de Michoacán
