Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Luego de meses de interrupción y falta de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, finalmente este fin de semana sesionarán la Mesas de Seguridad en la región de Tierra Caliente de Michoacán. La zona del estado considerada como foco rojo, contará con la nueva instalación de la Mesa en el municipio de Aguililla, uno de los principales puntos afectados por los éxodos de población y la lucha entre grupos delincuenciales. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que será este sábado en que se reunirán las autoridades de los tres niveles de gobierno en la región para delimitar la nueva estrategia a seguir en la zona de conflicto. Cuestionado por medios de comunicación sobre los pormenores, aseguró que este fin de semana se darán a conocer más detalles sobre la nueva estrategia, en la cual la coordinación con la Guardia Nacional será la prioridad. El objetivo de las mesas es claro: sentar en una sola sesión a los representantes de instituciones de procuración de justicia, seguridad pública, especialistas, funcionarios públicos, legisladores e incluso se ha planteado la necesidad de incluir a integrantes del Poder Judicial. “Mañana (hoy) se instala la mesa de Seguridad, estaremos compartido sobre este tema tan particular que atenderemos en la región de Tierra Caliente”, manifestó el encargado de la política interna. Regiones como Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Morelia, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas contaron con su propia mesa en dónde se analizaron y discutieron las tendencias de violencia de manera regional con la opinión de corporaciones militares y civiles. Hace apenas 10 días, el ahora gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunció el desmantelamiento de los grupos por parte del gobierno actual. A pregunta expresa sobre la crisis que permea en distintas regiones, Ramírez Bedolla anunció que lo primero que se implementaría a su llegada al ejecutivo estatal será el restablecer los mecanismos de coordinación. A principios de este 2021, el gobierno del estado e instancias locales advirtieron la ausencia de los representantes del gobierno federal e instituciones de seguridad pública como la Guardia Nacional en las mesas de Coordinación. También en este rubro, las diferencias entre gobierno del estado y federación quedaron de manifiesto en la ruptura de los esquemas de coordinación y en las declaraciones de los mandatarios. Durante el sexenio en que convergieron Aureoles Conejo con el ahora expresidente Enrique Peña Niego, las mesas de seguridad y Construcción de la Paz se instalaron tanto de manera regional como de manera estatal. Regiones como Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Morelia, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas contaron con su propia mesa en dónde se analizaron y discutieron las tendencias de violencia de manera regional con la opinión de corporaciones militares y civiles. Al respecto, el delegado de Programas Sociales de Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, reconoció que, si bien avanzan los programas de apoyo a las regiones afectadas de la tierra caliente y Sierra Costa del estado, actualmente no hay una fecha para que el presidente Andrés Manuel López Obrador visita la zona de conflicto. "Hemos estado atendiendo a la población. Hemos estado en Aguililla, en Coalcomán y se están atendiendo a través de programas. Tenemos casi 4 meses visitando los y vamos a regresar a siguiente semana. En próximos días y ahora con el nuevo secretario de Seguridad Pública esperamos que se pueda avanzar en el tema. No hay confirmación ni fecha tentativa de que pueda venir el presidente" precisó. FENÓMENOS DE VIOLENCIA, INCONTENIBLES A pesar de los despliegues constantes de la Policía Michoacán y la Guardia Nacional en la zona de conflicto, la situación de violencia ha alcanzado cantidades de pobladores desplazados nunca antes visto en dos regiones del estado, entre las que se encuentra la tierra caliente del Valle de Tepalcapec y la Sierra Costa. Entre los exhortos emitidos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a los gobiernos Estatal y federal, es reconocer la existencia del desplazamiento forzado interno; garantizar el derecho a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados; facilitar alojamiento adecuado, con condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene. Asimismo, el proporcionar protección y asistencia durante los desplazamientos, y garantías durante el regreso; otorgar los medios necesarios para garantizar el regreso voluntario, de manera digna y segura al lugar de origen y brindar asistencia para la recuperación de las propiedades o posesiones, en aquellos casos que así se requiera.
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