Juan Bustos / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Bajo la justificación de que el gobierno de Silvano Aureoles no tramitó la federalización de la nómina magisterial para que se viera reflejada en el Presupuesto para el 2022, Leonel Godoy Rangel, diputado federal por Morena, adelantó que sería hasta el 2023 en que pueda hacerlo tras la gestión que se haga por medio gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. Cabe recordar, no obstante, que la administración silvanista puso especial énfasis y denunció en su momento varis trabas en distintos niveles, principalmente desde la Secretaría de Hacienda que “ya ni contestaba los mensajes”, además de modificaciones al proyecto original. En entrevista, el legislador aseguró que desde el gobierno estatal se destinarán los recursos para cubrir las obligaciones con los trabajadores, pero responsabilizó al gobierno pasado de Silvano Aureoles de que el 8 de septiembre, cuando se presentó el proyecto de egresos de la Felación no lo hizo. Según la versión del también exgobernador perredista “la federalización en concreto era una solicitud que debió haber hecho no sólo en declaraciones de prensa el anterior gobernador, si no que se reflejará en el presupuesto”. Reiteró que será tarea del gobierno estatal actual realizar una gestión de manera particular para que la federación para que se asignen los recursos correspondientes a este proceso, “ahora son gestiones es esfuerzo individual del gobernador y no es un asunto que esté por ley en el Presupuesto de Egresos de la Federación”. Explicó que el aumento presupuestal proyectado para el 2022, y que ayer se anunció por parte del Gobierno del estado como parte del Proyecto de Presupuesto, quizá pueda utilizarse para hacer justicia en el sector educativo, si bien cabe destacar que este aumento está condicionado a la recaudación de impuestos federales en la entidad. Reiteró que existen mecanismos de Coordinación Fiscal y que lo debió haber solicitado de manera formal era el gobierno anterior. Es importante señalar que fue desde el 24 de enero de 2020 en que se firmó la federalización de la nómina por funcionarios que en este momento ya no están en sus cargos, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán; Arturo Herrera, secretario de Hacienda y el gobernador, Silvano Aureoles Conejo. La firma de este documento planteó una ruta de trabajo en conjunto, sin embargo, el gobierno del estado acusó al gobierno federal de impedir concretar dicha ruta al no firmar los anexos del convenio y que contemplaba el establecimiento de un mecanismo similar al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), pero a nivel estatal que sería alimentado por recursos estatales. El establecimiento del “FONE estatal” libraría al gobierno estatal de firmar cada mes buscar los recursos extraordinarios para cubrir la nómina educativa estatal, ya que dicho fondo sería alimentado directamente con recursos estatales y que esto garantiza el pago de salarios, asimismo el estatus laboral de los trabajadores no cambiaría en términos de conservar sus plazas y antigüedad como hasta el momento. Es importante recordar que una de las preocupaciones de los gremios es que al federalizar la nómina, es decir que las plazas se convirtieran en federales, hubiese afectaciones, sin embargo, a través del ‘FONE estatal’ se impedía este fenómeno, empero, los anexos nunca se firmaron, asimismo el enviado federal nombrado subsecretario de Educación Básica Enrique Estrada nombrado en noviembre de 2019 únicamente concreto un censo magisterial. La crisis que develó que la llamada federalización no se llevó a cabo se vivió en julio pasado cuando el gobierno comenzó acumular un adeudo de cinco quincenas para los trabajadores, donde no hubo recursos para cubrir los pagos hasta que hubo un cambio de gobierno.
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