Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Hace dos años, la joven moreliana Gabriela Pérez Ayala fue asesinada por su esposo, quien la sorprendió en su trabajo y le dio más de 30 puñaladas, para después abandonar ahí su cuerpo. Hoy la justicia por fin llega para Gaby y su familia, pues Francisco Ortiz Manzano recibió una sentencia de 40 años de prisión, tras ser encontrado responsable del feminicidio. En la audiencia de individualización de la sentencia se dio a conocer que, derivado de los datos de prueba recabados por la Fiscalía General de Michoacán (FGE), no se logró acceder a la pena máxima por feminicidio establecida en 50 año en el código penal de la entidad. Aunado a la condena de 4 décadas en contra de quien fuera esposo de la víctima, trascendió que los costos de reparación de daño hacia las víctimas indirectas ascenderán a más de 500 mil pesos, así como los gastos de terapia psicológica y reparación del daño moral a los padres e hija menor de la víctima. Adicionalmente, trascendió la suspensión indefinida de los derechos electorales de Ortiz Manzano durante el periodo establecido en la sentencia. La resolución del juez estatal no gustó a la familia de Gabriela Pérez. La madre de la víctima lamentó que no se alcanzara la pena máxima y que incluso se valora la apelación de la sentencia para llevar más allá el caso. Precisó, lo anterior aún se encuentra a discusión con sus representa legales. "Es lamentable que los jueces sigan viendo más por los victimarios que por las víctimas. Nos deja un muy mal sabor de boca por todo lo que vivimos en la audiencia, es lamentable porque a mi hija la mató aún con las denuncias. Tenemos mucho coraje con las autoridades porque esto se pudo evitar", señaló. La mamá de Gaby evaluará si solicitan una pena mayor. Foto: Arturo Molina. GABY HABÍA PEDIDO AYUDA Gaby había acudido a las instancias correspondientes a denunciar que sufría violencia familiar, física y psicológica reiterada, pero solamente le recomendaron “cuidarse”, acusaron colectivos feministas que este día se manifestaron en las oficinas centrales del Poder Judicial de Michoacán, donde se realizó la audiencia del caso, en la que además se fijó una reparación económica del daño por 513 mil pesos para la manutención de la hija de Gaby, más 6 mil pesos para gastos funerarios. En un pronunciamiento, colectivos feministas recordaron que la expareja de Gaby traicionó su seguridad psicológica y física, durante su relación y posterior a su ruptura, y sorprendió intencionalmente a la joven en su centro de trabajo, tras haberla acechado, y con saña y crueldad, mutiló su cuerpo para después abandonarlo en el mismo sitio donde la atacó, el cual es un lugar abierto al público. Foto: Arturo Molina. Las activistas reclamaron la desproporcionada cantidad de agravantes requeridas para aplicar la pena máxima para el delito de feminicidio, así como que esta sea únicamente de 40 años, ya que, para que sea impuesta deben actualizarse circunstancias totalmente degradantes para las mujeres. Consideraron sumamente grave que, en un estado con un índice tan alto de feminicidios no perseguidos por el Estado, existan otros delitos cuyas penas máximas alcanzan los 90 años, mientras que para el de feminicidio es en promedio 25 años. Condenaron que los crímenes de odio contra las mujeres difícilmente se persigan como feminicidios y, los pocos que logran tipificarse como tales, representen procesos muy largos, revictimizantes y en los que se cuidan más las garantías procesales y los derechos humanos de los feminicidas, que los derechos, seguridad y reparación integral del daño a las víctimas indirectas de feminicidio.
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