La Voz de Michoacán Como es de conocimiento, a últimas fechas se han dado una serie de tutoriales, acompañamiento y charlas en apoyo al magisterio michoacano federal y estatal para disipar inquietudes sobre la declaración patrimonial que tienen la obligación de presentar y que cierra su vigente para no incurrir en repercusiones hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, como era de esperarse, los representantes de la CNTE y D-III-6 han sugerido que no se debe presentar, que sólo los servidores y funcionarios públicos. Entonces surge la pregunta: ¿Los docentes entonces no son servidores públicos acaso? Es cierto, no manejan recursos o presupuesto de la administración estatal, pero muchos han incrementado su patrimonio y tienen prestanombres, ¿quién sabe por qué?, ¿cómo y cuándo? La realidad es que declarar no le hace daño. En resumen, los maestros están confundidos sobre cumplir con el decreto estatal que les obliga antes de cerrar con este 2021 a cumplir con ese deber, en cuanto servidores públicos que también son. Ya los representantes sindicales están aprovechándose del tema, polarizando, politizando y desinformando sobre si deben o no hacer la declaración, si es o no obligatoria y sobre todo, qué sanciones o repercusiones les traerán en caso de no presentar el requisito. Lo cierto, es que son diferentes la declaración tributaria a la declaración patrimonial y los representantes sindicales muy probablemente no meterán las manos al fuego por ningún trabajador que incumpla. Ésta, como otras medidas que se han ido implementando al paso del tiempo, se convierte en la nueva bandera de lucha del sindicalismo para erigirse en contra de las instituciones, y de manera indirecta tratar de evadir lo que cualquier otro servidor público debe cumplir. Los profesores están frente a una disyuntiva, pues como toda primera vez, no se sabe el futuro que les depara. En caso de dudas persistentes, un asesor o especialista en la materia podría darles un mejor consejo y la lucha combativa dejarla para mejores tiempos.
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