Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer que actuará bajo el cauce del debido proceso contra los responsables que causaron destrozos en sus instalaciones, durante la marcha que realizaron este martes comuneros de Arantepacua, para exigir justicia por la intervención policial ocurrida en su demarcación, hace 5 años, hecho que dejó varios muertos. La Fiscalía señaló que es su principal papel es garantizar el derecho a la justicia, en pleno respeto a los derechos humanos, como el de la libre manifestación, “sin embargo, lamentamos los actos de violencia que se realizaron en perjuicio de la institución, generando temor en el personal y usuarios del edificio principal y Fiscalía Regional de esta ciudad”, indicó la institución en un comunicado. Foto: Sam Herrera Jr. Luego de que los manifestantes vandalizaron las oficinas, la FGE señaló que esas acciones “se atenderán en su debida dimensión y bajo el cauce del debido proceso”. Ante la exigencia de justicia por parte de habitantes de la comunidad indígena, la Fiscalía indicó que “se mantiene firme en su convicción de mantener la persecución penal en todos aquellos casos que se siguen en las diferentes áreas de las instituciones para cumplir con la tarea esencial de combate a la impunidad”. Foto: Sam Herrera Jr El 5 de abril de 2017, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intervino en un conflicto entre comuneros de Arantepacua yCapacuaro, con un operativo en el que participaron más de 300 elementos. La SSP aseguró que habitantes de la comunidad de Arantepacua les dispararon, por lo que repelieron la agresión y utilizaron fuerza letal. Como consecuencia del enfrentamiento se reportaron 5 fallecimientos (un adolescente, tres adultos y un policía estatal); un número indeterminado de heridos; múltiples personas afectadas por el lanzamiento de gases lacrimógenos; cateos y allanamientos en domicilios, y 10 personas detenidas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Michoacán para subsanar los daños, pues acreditó la violación al derecho humano a la vida en agravio de cuatro personas fallecidas; el derecho a la integridad personal de 37 personas lesionadas, incluyendo 8 policías estatales; la vulneración del derecho humano a la libertad, a la seguridad e integridad personal por actos constitutivos de tortura en agravio de las 10 personas detenidas y por los tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a las 38 personas detenidas el día 4 de abril; la violación al derecho a la privacidad, inviolabilidad del domicilio e inobservancia del principio de legalidad por el cateo ilegal y allanamiento referido por 56 habitantes de Arantepacua, así como afectaciones a nivel colectivo por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza con motivo del lanzamiento de gases lacrimógenos y disparos de manera indiscriminada a la población. SIGUEN MESAS DE DIÁLOGO PARA CUMPLIR RECOMENDACIÓN DE CNDH En el ánimo de privilegiar el diálogo para la atención de sus demandas, el Gobierno del Estado atendió a una representación de las autoridades comunales, víctimas, y de la Comisión de Justicia de Arantepacua, con el propósito de avanzar en las acciones de desagravio de esta comunidad purépecha. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, recibió a los integrantes del Concejo de la localidad para abordar los avances en cumplimiento de la Recomendación 42/VG-2020 hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por los sucesos ocurridos el 4 y 5 de abril del 2017. En el encuentro, el secretario de Gobierno externó toda la voluntad del gobierno de atender los 7 puntos establecidos en la Recomendación, por lo que, informó, se ha podido avanzar en distintos rubros sobre las consideraciones que emite el órgano garante de derechos humanos. Entre las acciones destaca la disposición para realizar obras de infraestructura de alto impacto; la reparación del daño e incorporación de las y los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, así como establecer un proyecto de reparación integral a nivel colectivo. También, realizar el ofrecimiento de una disculpa pública institucional; reformar el marco normativo aplicable del uso de la fuerza de las corporaciones de seguridad, implementar cámaras de videograbación, además de capacitación a la policía estatal. De igual manera, durante la reunión se estableció reiterar el llamado, tal y como lo hizo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para que la Fiscalía General del Estado se excuse de participar en la indagatoria sobre el caso y sea atraído por la Fiscalía General de la República. Desde el pasado 10 de noviembre se han realizado 6 mesas de trabajo con el propósito de dar cumplimiento a los 7 puntos establecidos en la Recomendación de la CNDH.
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