Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Los gobiernos locales son más letales para el ejercicio periodístico y el activismo que el crimen organizado. El 43 por ciento de las agresiones en contra de comunicadores y defensores de derechos humanos provienen de instituciones municipales y estatales, mientras que solo el 30 por ciento provienen de los grupos delincuenciales. La Unidad de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reconoció que dicha condición obedece a que muchos municipios y autoridades locales de primer contacto están involucrados con el crimen organizado y actividades ilícitas que derivan en condiciones de violencia como las que viven regiones completas de Michoacán y del país. Foto, Arturo Molina. En lo que va de 2022, al menos 3 periodistas michoacanos fueron acogidos en el mecanismo de protección, mientras que se diciembre de 2018 a la fecha suman 17 casos de protección de comunicadores. Alejando Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció una condición de alerta para la libertad de expresión a nivel nacional. Durante su gira de trabajo por Michoacán, se instaló el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, a través del cual se definirían protocolos de atención. Con Michoacán ya suman 7 entidades que instalan su propia mesa de trabajo para la atención a la crisis de libertad de expresión y defensa de los derechos humanos. Destacó que hasta un 43 por ciento de las agresiones en contra de comunicadores y activistas son principalmente orquestadas por los gobiernos municipales y estatales, cifra que incluso supera las agresiones por parte del crimen organizado. Cuestionado sobre más detalles en torno a los mecanismos de protección ya habilitados en nuestro estado, optó por reservar información que pudiera poner en riesgo a los comunicadores. "No me gusta dar esa información porque es un tema de seguridad, pero en este año tenemos tres. Ya están acogidos y están protegidos con los protocolos federales", manifestó el funcionario federal durante su gira de trabajo por el estado de Michoacán. Por su parte, Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció complicaciones por la colusión de los gobiernos locales con el crimen organizado como una práctica que se replica en prácticamente todo el país. Video, Arturo Molina. "Tenemos 16 periodistas acogidos al mecanismo federal que fueron agredidos, que sufren de alguna amenaza en su labor de defender derechos humanos o libertad de expresión. En total, de diciembre de 2018 a la fecha y tres asesinatos. En general, sin hablar de causas específicas, el 43 por ciento de las agresiones que sufren periodistas vienen de autoridades y un 30 por ciento del crimen organizado. En muchas zonas sí son más peligrosos, no hay que olvidar que muchas autoridades municipales trabajan y operan con el involucramiento del crimen organizado", manifestó. Entre las principales debilidades para la atención de ambos sectores, reconoció como el principal obstáculo el atender la desconfianza a las instituciones de procuración de justicia y de seguridad. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló las implicaciones que conlleva la crisis de gobernabilidad añejada en todas las regiones del estado. Al instalar el mecanismo, las autoridades estatales exhortaron tanto a los periodistas como activistas a ampararse a los mecanismos de protección habilitados desde la federación, toda vez que lamentaron que en casos recientes las víctimas rechazaron la protección. Video, Arturo Molina. "Por los acontecimientos desafortunados que se han dado en Michoacán con periodistas en los últimos meses, hemos estado trabajando para implementar el mecanismo porque es ver cómo logramos que se pueda implementar el mecanismo", manifestó el mandatario michoacano. Cabe destacar que durante la instalación del mecanismo, representantes de medios locales de comunicación y asociaciones de periodistas denunciaron a la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas por accionar mecanismos legales en contra de la libertad de expresión. Al menos un periodista y un medio de comunicación fueron demandados por replicar información oficial sobre actos de corrupción al interior del Ayuntamiento de la Costa michoacana, por lo que exhortaron al gobierno del estado y a la Secretaría de Gobernación intervenir en el hecho.
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