Agencias / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El negocio de procesos estéticos y reconstructivos equivale a cerca de 12 mil millones de dólares sólo en México, aseguró César Octavio Contreras, abogado que encabeza las demandas contra Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER) por tratar de monopolizar y trabajar con certificaciones dudosas. “Es un negocio que deja entre 800 mil y un millón de cirugías realizadas al año. Estamos hablando que gran cantidad de ellas se pagan en efectivo, no son deducibles de impuestos y sí son una gran forma de lavar dinero. En promedio, cuestan cerca de 100 mil pesos”, aseguró el litigante. Añadió que a pesar de carecer de un reconocimiento oficial de las autoridades de salud en el país, distintas agrupaciones de este ramo aseguran que son las únicas “certificadas” para realizar cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas. Se trata de una gran mentira. Por su parte, integrantes del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem) y Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (CMCPER) afirmaron en conferencia de prensa que son las únicas organizaciones en México para llevar a cabo estas intervenciones médicas. Durante el evento, Ricardo Baca, presidente de la Federación Colegiada de Cirugía Plástica de México, aseguró que en México existen dos mil 300 médicos certificados por la Conacem y por el CMCPER, quienes realizan aproximadamente un millón de intervenciones médicas de esta índole. En tanto, autoridades de salud del Gobierno Federal han registrado diversas denuncias penales contra médicos de estas organizaciones por sostener diversas intervenciones quirúrgicas con graves consecuencias a la salud de las personas, incluso ha provocado la muerte de varias de ellas. Además, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) investigan los supuestos “certificados” que fueron expedidos con una especialidad profesional inexistente en México y sin el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Según la investigación ministerial, ambas entidades (Conacem y CMCPER) usufructuaron cantidades millonarias en estos años para emitir las “certificaciones” que fueron dirigidas a médicos generales para ejercer la “especialidad” de cirugía plástica, estética y reconstructiva, sin que los profesionales de la salud tengan los conocimientos científicos para hacerlo. Las denuncias penales se suman por decenas ante la inconformidad de las víctimas, que hoy alzan la voz debido a que fueron sometidas a intervenciones médicas ilegales y, en muchos casos, generaron malestar y ocasionaron daños irreversibles a la salud de las personas, la mayoría mujeres. Personas en calidad de víctimas han relatado que aparte de quedar desamparadas y perder su dinero o liquidez ante una mala praxis, ya que los gastos son incuantificables ante una urgencia de esta magnitud, además, terminan en hospitales públicos con daños irreversibles a la salud.
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