Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Mantiene el aguacate michoacano déficit en producción en comparación con el 2021. Al corte del mes de agosto, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) reporta un millón 152 mil toneladas, 7.5 por ciento por debajo del volumen registrado durante el mismo periodo el año pasado. En caso de no repuntar la producción durante los últimos cuatro meses se trataría de apenas la segunda ocasión en casi 30 años que no se puede superar la cosecha del ciclo previo. La última vez fue en 2010, que tuvo una caída del 12.1 por ciento respecto a su año inmediato anterior. El aumento en el costo de los insumos y un rendimiento menor se ubican entre las causas de esta situación, que coincide también con los tiempos en que la autoridad federal ha apretado a las empresas empacadoras y exportadoras para regularizar a las plantillas de cortadores de este fruto. De manera similar, el estado de Jalisco, segundo máximo productor del llamado “oro verde” y que este mismo año comenzó su proceso de exportación hacia Estados Unidos, ha menguado en casi 17 por ciento el volumen su cosecha. En total la vecina entidad suma 219 mil toneladas. Es así que el comportamiento a la baja se presenta en las dos potencias aguacateras, si bien Michoacán aglutina –con gran diferencia- el 72 por ciento del total del fruto a nivel nacional. Algunos especialistas, incluyendo Heliodoro Gil Corona, del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) han alertado que otra una de las problemáticas con este tipo de cultivo de alto rendimiento, en donde también entraría el limón, es que han entrado a la lista del “impuesto negro”, es decir, el crimen organizado estaría participando en su producción, distribución y venta. Del mismo modo, se nota una caída en la producción de aguacate en algunas zonas que han sufrido en los últimos meses por la violencia de los grupos armados. Es de recordar que incluso este año se dieron amenazas hacia un agente certificador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) lo que obligó a que la exportación estuviera envuelta ahora en un fuerte dispositivo de seguridad patrocinado por el Gobierno de Michoacán. En cuanto al rendimiento, queda claro también que viene a la baja. Mientras en 2021 el promedio era mayor a 10 toneladas por hectáreas, para este año es de apenas 6.5 toneladas. ¿Y los jornaleros? Es de recordar que en Michoacán se atraviesa un proceso de regularización de jornaleros del sector aguacatero, con miras a cumplir con lo acordado en materia de seguridad laboral en el T-MEC. El no cumplimiento podría traer un bloqueo a la cadena comercial. Rubén Medina González, encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), ha expresado que incluso el Gobierno estatal solicitó a la Federación que le apoyara a solicitar una prórroga, toda vez que de los 120 mil trabajadores censados no alcanzarían a darse de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a más de 5 mil. “Se está en diálogo con los dos gremios importantes del sector aguacatero, que es en donde comenzó la prueba”, ha declarado La Voz de Michoacán Rubén Medina, al hacer referencia tanto a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) como a la agrupación de cortadores. “Están con la abierta posibilidad de regularizar a sus trabajadores, ya hay quienes han comenzado con toda la tramitología administrativa para estar en cumplimiento”. El tema no es menor, pues más allá de las reglas de operación del tratado de comercio con América del Norte, se trataría de un impulso importante al régimen formal, lo que implicaría prestaciones y seguridad social para un amplio número de personas que actualmente no cuenta con ellos. Agregó: “estamos buscando la incorporación de 120 mil jornaleros solamente del sector aguacatero, pero fuera (en otros productos del campo) hay casi otros 350 mil más, la meta de este sexenio es incorporar a la formalidad a medio millón de trabajadores michoacanos”, de los cuales se calcula que casi la mitad se trata de jornaleros que vienen de otras entidades.
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