Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Michoacán se encuentra entre las entidades que mayor precariedad laboral presentan a nivel nacional. Preocupa particularmente el indicador de contrato estable, en donde el 72.7 de los asalariados michoacanos carece del mismo, lo que los coloca en una situación importante de indefensión laboral. Bajo estas condiciones, en Michoacán, apenas el 15 por ciento de la base asalariada cuenta con un trabajo digno, resumido en un salario suficiente para al menos una canasta familiar y su esquema completo de seguridad social. El colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó los resultados más recientes de su Observatorio de Trabajo Digno, en donde resalta que más allá de las problemáticas ya conocidas –como la tasa de informalidad y la de desempleo–, existen variables que también precarizan las condiciones laborales de miles de personas en todo el país. Foto: Cortesía. Resalta en este sentido la cantidad trabajadores asalariados sin un contrato estable o en forma. Esto quiere decir que son plazas de contratación eventual (que suele ir de los tres a los doce meses), que caen en la informalidad o incluso en una presunta formalidad que no cumple a cabalidad con el cumplimiento delos derechos de los trabajadores. Esto genera una condición de indefensión que impide la mejora gradual y sustantiva de las condiciones laborales, según se destaca. Realizado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el informe hace énfasis en cuatro elementos: la exclusión de miles de personas para ocuparse, el trabajo precario, el bajo índice de formalidad y la reducida tasa de contratación estable. En un apartado extra también valora la afiliación sindical. “El análisis revela que en México el trabajo no funciona como salida a la pobreza, al contrario, el sistema laboral en su estructura actual se ha convertido en una fábrica de pobreza y desigualdad”, afirmó Rogelio Gómez, coordinador de Frente a la Pobreza. SIN TRABAJO NO HAY DERECHOS El particular caso de la contratación estable y la formalidad son problemáticas sensibles, aseguró el activista. Y es que derechos constitucionales y elementos de seguridad social están ligados a un esquema de trabajo: en este país es difícil el acceso a la salud quien no trabaja y aún entre quienes trabajan sólo cuentan con este derecho a manera de prestación quienes se desempeñan en el sector formal. Otros apoyos y derechos están condicionados entonces no sólo a contar con un trabajo, sino a estar dado de alta de manera formal y contar con un contrato estable. En Michoacán, cuya economía se mueve en su mayoría en la informalidad (rondando entre el 65 y 70 por ciento cada año y en donde además la mayoría de los asalariados no está debidamente contratada en términos legales, el problema es mayúsculo desde la perspectiva de este organismo. “Una de las causas de la situación actual es el modelo de seguro social que México adoptó el siglo pasado al incluir la salud, las estancias infantiles y otras coberturas en las prestaciones laborales a cargo de cuotas obrero patronales”, dijo Gómez, quien acotó que no se debe negociar ni con la salud ni con los derechos constitucionales. “La salud es un derecho, corresponde al Estado garantizar su acceso. Eliminar incentivos a la informalidad implica eliminar ese nudo que encadena el derecho a la salud y al derecho al trabajo”. Sobre el caso Michoacán, el colectivo agrega que el 34.6% de la población productiva potencial (en edad y condición para trabajar) está excluida de una plaza laboral por diversas razones: ya sea porque la persona se encuentra desempleada (contexto que se agravó por la pandemia), o no pueden buscar un trabajo por dedicarse a labores domésticas o de cuidado. De estas últimas, el 94 por ciento corresponde a mujeres, como ya detalló esta casa editorial, pues durante la contingencia más de 100 mil mujeres tuvieron que reconvertir sus roles y quedarse en casa para apoyar a la familia hasta en temas educativos.
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