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    Economía y Finanzas | 19 Oct, 2022, 17:00

    Empresas tienen hasta febrero para formalizar a jornaleros; “hay una deuda de justicia social con ellos”

    Empresas exportadoras que no deseen correr riesgo de veto tienen que formalizar a toda su plantilla y ofrecerles prestaciones de ley

    Hay una deuda de justicia social y deben recibir las garantías que establece la ley.

    Maricruz Rios / La Voz de Michoacán

    Morelia, Michoacán.- Tiene Michoacán hasta febrero de 2023 para regularizar a todos los trabajadores del sector agroindustrial que realizan exportaciones. De acuerdo con los establecido en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para esta fecha debe quedar consolidado este punto o en caso contrario se podrían enfrentar vetos sobre los productos estatales.

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    La tarea incluye la formalización de alrededor de 279 mil jornaleros del sector primario, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Hasta el momento el Gobierno de Michoacán se ha acercado ya con las empacadoras aguacateras para la formalización de cortadores y otros trabajadores manuales, a los cuales mantienen bajo condiciones de inseguridad social y sin apegarse a las normativas mexicanas.

    OBJETIVO: MÁS DE 1.3 MILLONES

    Tal como evidenció la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en visitas pasadas de inspección, buena parte de las empresas dedicadas a exportar el llamado “oro verde” no cumplen con la ley e incluso han recurrido a esquemas irregulares de subcontratación en busca de evadir sus responsabilidades como patrones, queriendo justificar que el corte del fruto no es esencial para esta cadena comercial.

    Recordar que durante la primera inspección de este tipo a empresas aguacateras afiliadas a la APEAM, realizada en abril pasado, únicamente el 35 por ciento de las empresas cumplía a cabalidad con las regulaciones, por lo que se redoblaron los esfuerzos ante las negativas y estrategias para mantener en esquemas irregulares a la base trabajadora.

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    Bajo este contexto, Rubén Medina González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán ha expresado que el objetivo es ir más allá del campo. “La idea es generar nuevos empleos, pero, sobre todo, regularizar los que no son formales”, refirió en torno a los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que indican que la mayoría trabajadores en la entidad laboran en la informalidad.

    66% trabajadores michoacanos está en el sector informal

    Datos de la ENOE detallan que de 2 millones 197 mil personas empleadas en Michoacán, el 66 por ciento lo hace de manera irregular, es decir, más de un millón 450 mil trabajadores.

    En encuentro con medios, Rubén Medina destacó que la meta de la administración estatal es justamente ir por más de un millón de trabajadores de todos los sectores que tienen que ser formalizados no sólo por un tema de legislación, sino de dignidad, “personas de los sectores primario, secundario y terciario que deben recibir las garantías que establece la ley y con quienes hay una deuda de justicia social”.

    Al respecto, el funcionario estatal manifestó que “las autoridades federales y estatales realizan inspecciones a empresas del sector primario o agrícola de los 113 municipios y en el mediano plazo se incluirá también a los otros sectores”, si bien insistió que en términos de cumplir con lo establecido en el capítulo 23 del T-MEC el plazo vence en febrero del año entrante.

    Por su parte el subsecretario del Trabajo y Previsión Social de la Sedeco, Juan Pablo Puebla Arévalo, informó que más allá de este plazo “durante el próximo se continuará atendiendo un calendario de reuniones con las cámaras y organismos empresariales y las propias empresas para informarles sobre el nuevo marco legal en materia laboral”.

    La idea, refirió, es que se adecúen a esta normativa y colaboren en esta misión de formalizar a cientos de miles de trabajadores que mantienen en contrataciones irregulares, ya sea por falta de prestaciones de ley como tal o por usar esquemas de subcontratación.

    Aclaró que además de haberse reformado el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, “en lo estatal se buscará hacer lo mismo con el reglamento a fin de hacer más ágiles los procedimientos en cuanto a notificaciones, tiempos para subsanar y de sanción”.

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