Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Al segundo trimestre de este 2020, el gobierno de Michoacán ha logrado reducir la deuda pública en 17.3%, colocándose en 25,172 millones 101 mil 412 pesos, luego que el total de pasivos recibidos al inicio de la administración estatal, el 30 de septiembre de 2015, ascendía a 30,466 millones 170 mil 387 pesos y estaba constituida por pasivos de deuda bancaria y pasivos no bancarios (proveedores, contratistas, terceros institucionales, etc.), dio a conocer el titular de la Secretaría de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza. El funcionario estatal hizo una serie de precisiones en respuesta a dos notas periodísticas publicadas el día de ayer en El Economista y El Heraldo de México, relacionadas esencialmente con la deuda, el destino de los recursos federales y la venta de bienes inmuebles imputables a la actual administración. El tesorero del estado aseveró que la presente administración estatal se planteó como objetivo primordial el saneamiento de las finanzas públicas, mismas que fueron recibidas al borde del colapso financiero, derivado del endeudamiento con bancos, municipios (por participaciones federales no pagadas), terceros institucionales y proveedores y contratistas; por lo que fue incorporado como uno de los ejes de gobernanza y directriz de los programas y políticas públicas del gobierno estatal, establecidos en el plan de desarrollo estatal 2015-2021. Entre las diversas acciones llevadas a cabo para el saneamiento financiero, detalló el secretario, destacan el mejoramiento de la sostenibilidad de la deuda pública bancaria y de la reducción de los pasivos circulantes, obteniéndose logros importantes, mismos que fueron reconocidos por entes externos evaluadores al gobierno estatal, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las agencias calificadoras internacionales que evalúan el riesgo crediticio soberano del Estado y de su deuda publica bancaria. De 17 mmdp, la deuda pública bancaria heredada El secretario de Finanzas aclaró que la presente administración estatal no género el monto actual de la deuda registrado en el informe financiero del segundo trimestre de 2021, por la cantidad de 20 mil 160 millones de pesos, de los cuales esta administración heredó una deuda pública bancaria por un monto de 17 mil 813 millones de pesos, compuesta por diversos créditos de largo plazo contratados con banca comercial, de desarrollo y una emisión de certificados bursátiles contratada en 2007 unidades de inversión UDIS (unidades de inversión actualizables con la inflación). “Por lo cual, en términos netos, en estos casi seis años de gobierno se incrementó el endeudamiento por un monto de 2 mil 346 millones de pesos, a pesar de la contratación de deuda por 4 mil 90 en el 2020, misma que fue destinada a proyectos de infraestructura pública en diversos municipios del estado para incentivar la economía a través del gasto público productivo, ante la crisis económica mundial provocada por la pandemia del virus SARS-COV-2 (COVID-19)”, señaló en funcionario en una misiva. “En síntesis, podemos afirmar que la actual administración estatal generó un endeudamiento promedio anual, de 426 millones de pesos. Lo cual, comparado con el promedio anual de las 4 pasadas administraciones, representa el más bajo, considerando que el periodo comprendido del 15 de febrero de 2012 al 30 de septiembre de 2015 no es comparable por ser menor a 6 años”, indicó. Asimismo, el estado prácticamente desde el inicio de la presente administración, ha llevado a cabo operaciones de reestructura y refinanciamiento de la deuda pública con el objetivo de mejorar las condiciones contractuales y financieras, estas operaciones han sido transparentes al haberse realizado mediante procesos competitivos abiertos, incluso ante la presencia de medios de comunicación vía licitaciones públicas, y por la otra, exitosos por los resultados positivos que han arrojado para las finanzas estatales, en cuanto a brindar un mejor manejo de la misma, al reducirse sustancialmente las condiciones financieras, en cuanto a al costo de la deuda se refiere, al haberse disminuido considerablemente la sobre tasa que se cobraba en los intereses de los créditos, y contar con perfil de amortización más blando, aseguró Maldonado Mendoza. Dijo que esta reconversión positiva de las condiciones financieras de la deuda pública contraída por administraciones pasadas, permitió lograr ahorros significativos a partir de la aplicación de menores tasas de interés, toda vez que es de destacarse que la deuda adquirida previamente y que se recibió de la administración estatal pasada, contenía tasas de interés promedio de TIIE a 28 días + sobre tasa de 1.76, mientras que la deuda pública actual ronda el TIIE 28 días + sobre tasa de 0.59, es decir esta sobre tasa se redujo en un 66 por ciento, lo que permite estimar que durante la próxima década se generen ahorros de gasto en servicio de la deuda que asciendan aproximadamente 10,000 millones de pesos, considerando que por lo menos se mantenga la calificación crediticia actual obtenida del estado y de los créditos bancarios. “Se hace especial mención, el caso del refinanciamiento llevado a cabo por la administración estatal actual de la emisión de certificado bursátiles contratados en el año 2007 en Unidades de Inversión (UDI,s), ya que esta deuda mientras estuvo vigente representó una gran carga para la hacienda pública del estado, toda vez que esta deuda se encontraba indexada a la inflación del país por su contratación en dichas UDI´s, donde su saldo y costo mientras estuvo vigente lejos de reducirse conforme se fue pagando, al contrario, se actualizó e incrementó considerablemente en cada año, basta señalar que esta deuda fue contratada inicialmente en 2007 por un monto equivalente en pesos de 3 mil 500 millones de pesos, y no obstante que al mes de junio de 2018, que fue la fecha de su refinanciamiento y liquidación total, se habían pagado 2 mil 814 millones 021 mil de pesos de servicio de esta deuda, aun su saldo insoluto era de 4 mil 431 millones 676 mil pesos”, indica la aclaración de la Secretaría de Finanzas. En virtud de lo anterior, las calificaciones de riesgo crediticio del Estado y de la deuda pública, por parte de las agencias calificadoras especializadas internacionales que lo evalúan, presentaron estabilidad e incluso mejoría, “cabe destacarse la segunda alza en la calificación al Estado que ha logrado presente administración, conforme al más reciente comunicado emitido el pasado 17 de junio de 2021, por la agencia Fitch Ratings”. El tesorero destacó que esto es un hecho histórico, puesto que con ello se revierte la tendencia negativa que se presentó durante el periodo de 2006 a 2018, donde únicamente se presentaron caídas en la calificación crediticia del Estado, como repercusión de los resultados negativos en el manejo de la hacienda pública estatal. De igual forma, el Estado logró refrendar el resultado positivo obtenido en las mediciones de los indicadores que conforman el sistema de alertas realizado y publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 30 de junio de 2021, de conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, donde el Estado mantuvo un resultado de endeudamiento sostenible (semáforo verde), significando ello que el Estado es solvente para hacer frente al pago de sus obligaciones y tiene capacidad de endeudamiento para invertir en inversiones públicas productivas. Esta sostenibilidad de la deuda pública estatal, se respalda si se utiliza como parámetro de medición la razón matemática del saldo de la deuda estatal como proporción del PIB anual del Estado (Saldo Deuda / PIBE), así como el saldo de la deuda con relación a las participaciones anuales federales del estado, cuyos resultados arrojan una disminución consistente durante la actual administración, tal como se observa a continuación: De 12 mmdp, la deuda pasivo circulante A la actual administración estatal le fue heredado un pasivo circulante por un monto de 12 mil 914 millones de pesos (cifra con corte al 30 de septiembre de 2015), en tanto que, al 30 de junio de 2021, dicho pasivo asciende a la cantidad de 5 mil 297 millones de pesos, lo que representa una reducción de 7 mil 617 millones de pesos, que equivalen a un decremento del -58.9%. Es importante señalar, que del total de pasivo circulante al 30 de junio de 2021, únicamente 1 mil 049 millones de pesos, es decir el 19.8%, corresponden a adeudos a proveedores y contratistas. Esto representa una disminución muy importante del apalancamiento del estado de Michoacán. Solventan ante Auditoría señalamientos por destino de recursos federales Con respecto a la supuesta opacidad del destino de los 16 mil millones de recursos federales recibidos durante el sexenio, es pertinente señalar que dicha aseveración carece de rigor normativo, toda vez que se sustenta en informes generados por el órgano fiscalizador federal, en los cuales se mencionan una serie de observaciones o aclaraciones que están siendo objeto de atención, en tiempo y forma, es decir, no se trata de actos o resoluciones definitivas. Lo anterior, toda vez que en términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el estado de Michoacán actualmente se encuentra ejerciendo su derecho, conforme a los tiempos y procedimientos correspondientes, de presentar evidencias y elementos que permitirán aclarar y solventar tales observaciones. Venta de bienes inmuebles se consideró hace un año Respecto a la propuesta de desincorporación de inmuebles del patrimonio estatal presentada al Congreso Estatal, no debe pasar inadvertido el hecho de que esta no se realiza a unas semanas de concluir la administración, sino que es una medida que la actual administración consideró desde hace más de un año, con la finalidad de generar recursos para ser aplicados en beneficio de las y los michoacanos, ante la crisis generada tanto en el ámbito de la salud como en el económico por la pandemia causada por el COVID-19. “Ahora bien, si está propuesta sigue pendiente de análisis y resolución ante el Congreso, es en virtud de que hay quien prefiere decir no y obstaculizar cualquier propuesta, por el simple hecho de que no provenga de un determinado partido, anteponiendo el interés político al beneficio de la población”, señaló el titular de Finanzas.
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