Rogelio Arellano / La Voz de Michoacán Uruapan, Michoacán. El veto al aguacate michoacano por parte de Estados Unidos solamente confirma que la APEAM y el gobierno no atendieron en tiempo y forma la erradicación de “fruta pirata” impulsada por empacadores ávidos de mayor riqueza, señaló el productor José González, quien en 2020 fue parte de llevar del discurso a las acciones en la operatividad de brigadas de vigilancia ciudadana para abatir este fenómeno, pero sin respaldo oficial, lo que derivó en el desmantelamiento de esta iniciativa en la región de Tancítaro. La intención de buscar alternativas de solución emergente no tiene su origen en un acto de interés por todos los eslabones de este sistema producto, que es uno de los principales pilares de la economía en el estado. “Es lamentable que se ponga atención al problema, pero principalmente porque les afecta más a los empacadores que a los productores que tenemos años de exigir soluciones contra la introducción de aguacate no certificado”, señaló el entrevistado vía telefónica. El veto indefinido, de manera paradójica, trae consigo un estatus de felicidad a los productores. “Nos da gusto, pero porque por fin se hace evidente, eso es lo que más importaría que se observe que quedó al descubierto este grave fenómeno. Nosotros somos productores que solamente una o dos veces, máximo tres al año, vendemos el producto, pero ellos (los empacadores) compran y venden todos los días”, dijo. Las temporadas que no se cosecha se traducen en tiempos de mantenimiento de las huertas. “Son periodos en los que nomás estamos pagando, pagando y pagando, mientras que los empaques tienen ingresos todos los días, pero ahora, con esto (el veto sin fecha de caducidad), ya les está afectando a ellos, ahora sí surge una preocupación”, señaló el productor, que en más de una ocasión por su campaña de protección a las cosechas michoacanas se enfrentó a la intimidación de personas armadas. En realidad, dijo, hasta antes de este grave problema para la industria, nada ni nadie del aparato oficial hizo algo por frenar la introducción de “aguacate pirata”. Tuvo que intervenir el gobierno de Estados Unidos pero por afectaciones a su personal, refirió el productor, ello en alusión a que el veto indefinido se inició el pasado viernes con anuncio oficial este sábado, luego de que un inspector del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en inglés), fue amenazado por su trabajo de evitar el ingreso de aguacate irregular a empaques exportadores en la ciudad de Uruapan. Cabe mencionar que en julio de 2020, productores de aguacate de Tancítaro se activaron como brigadistas, sin el uso de armas de fuego, para intentar frenar el tránsito de “mulas” que introducen aguacate “pirata” procedente de entidades como Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero y Estado de México. Esta acción en su momento se dijo que era porque se afectaba la economía de los productores y ponía en riesgo el programa de exportación a Estados Unidos, así como otros destinos en el mundo, al no cumplir normas fitosanitarias y de inocuidad. Aquellas acciones en un principio se realizaron con apoyo de la Policía Municipal, pero se acompañaron de propuestas para que de manera institucional se establecieran garitas o puntos de revisión oficiales y blindar la franja productora, incluso existió la disponibilidad de que los propios productores aportaran recursos económicos en tanto se capacitaba al eventual personal que atendería estos espacios bajo la coordinación del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV), quien a su vez coordina 26 juntas locales en la entidad en su calidad de organismo auxiliar de la Secretaría de Agricultura (SADER). La propuesta refería que todos los municipios productores y certificados para el programa de exportación se integraran de manera permanente al programa de Inspección de la Movilización Agropecuaria del CESV a través de su programa o componente denominado Puntos de Verificación e Inspección (PVI). De esta forma, se dijo en ese entonces, se estaría elevando de 4 a unas 7 las garitas fijas, pues existen otras unidades 4 móviles, todas avaladas por la SADER, para constatar la autenticidad de los certificados fitosanitarios para la movilización de fruta fresca, así como vegetales, subproductos, vehículos de transporte exprofeso, materiales, maquinaria y equipos que pueden diseminar plagas y enfermedades. Desde entonces aquellos grupos de productores señalaban que el problema era añejo con tendencias a agravarse sin la intención de recurrir a protestas. “Ya comenzamos a pensar como empresarios y no como campesinos enojados”, decía en aquel entonces, sin embargo, no existió respuesta oficial para el saneamiento de la industria aguacatera. En su momento consultado al respecto de estas iniciativas, el presidente del CESV, Raúl Ernesto Martínez Pulido, señaló que efectivamente tenía conocimiento de esta iniciativa, la cual avalaba siempre y cuando se respetara la normatividad existente, sobre todo que aquellas labores fueran exclusivas de personal acreditado y no se cometan acciones no autorizadas como decomiso de vehículos y fruta, es decir, simplemente se impida el ingreso de fruta no certificada a territorio estatal.
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