Redacción / La Voz de Michoacán Al menos 30 saqueos a tiendas comerciales y 88 intentos, se han registrado durante la emergencia sanitaria en México, de acuerdo al reporte del Gobierno Federal emitido este miércoles. El reporte abarca desde el 23 de marzo y hasta el 4 de mayo, siendo la Ciudad de México y el Estado de México las entidades con más casos presentados. Los casos se registran principalmente contra Aurrera, concentrandose el 23% de los saqueos y amenazas a estableciemitnos de esta tienda; en segundo lugar se ubica Elektra con un 12%, mientras que tiendas Oxxo abarcan el 9% y Soriana el 7%. También las unidades de transporte de carga aparecen en la lista, con un 7% de los casos. Mientras que los saqueos e intentos de estos hacia Famsa, Chedraui y Coppel registran, cada uno, un 5%. Al ubicarse los focos rojos de estas actividades en la Ciudad de México y en el Estado de México, es en ambas entidades donde también hay un mayor número de detenidos; en el primero son 169 y en el segundo la cifra asciende a 53. El 74.8 por ciento de los detenidos fueron vinculados a proceso, por saquear los establecimientos o unidades de carga. Veracruz, Baja California norte y Nuevo León son las otras tres entidades que después de la Ciudad de México y el Estado de México registran más casos de saqueos y amenazas. En Michoacán, el Congreso del Estado hizo un exhorto formal a brindar seguridad especial a los comercios que tuvieron que cerrar por la contingencia, justamente para evitar saqueos a estos negocios. Se pidió al Gobierno Estatal brindar vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, así como por los gobiernos locales a través de sus policías municipales. El Pleno de la LXXIV Legislatura Local aprobó el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Humberto González Villagómez, con el cual se exhorta a las autoridades de seguridad pública para que refuercen las acciones de vigilancia y prevención de robos en los comercios y empresas que bajaron sus cortinas ante el virus del SARS-COV2. Pequeños negocios, centros de trabajo y comerciales, así como depósitos, almacenes y demás similares que se encuentran cerrados o fuera de actividades serían los beneficiados, de aceptarse la petición de los legisladores.
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