Luego de una semana de ataques por parte de “Los Ardillos”, la Secretaría de Gobernación informó que fuerzas federales y estatales ya tienen el control de los pueblos asediados por delincuentes en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la región de la Montaña Baja de Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con la gobernadora Evelyn Salgado, atienden de manera directa la situación en comunidades de Chilapa y este día se trasladarán a la zona para supervisar las acciones de atención a la población. Señaló que el objetivo es establecer condiciones de paz mediante el diálogo y la atención directa a las familias, por lo que el Gobierno de México y el Gobierno de Guerrero mantienen presencia institucional permanente en la región. Sin embargo, líderes comunitarios exigen que, más allá de apoyos sociales, el gobierno federal desarticule a este y otros grupos delictivos que han mantenido asolada a la región durante al menos 10 años. En cuanto a la última embestida, la Segob reportó que a raíz de estos hechos hay 120 personas desplazadas y seis lesionadas, y agregó que los servicios de energía eléctrica y telefonía en la zona fueron restablecidos, además de que las carreteras ya están libres, esto tras varios días de bloqueos. Por su parte, organizaciones civiles y autoridades comunitarias advirtieron que esta nueva ofensiva representa el punto más crítico de una crisis de violencia que lleva más de 10 años en la región, ocasionada por el afán de la delincuencia organizada de mantener el control de las rutas hacia la Montaña Alta y la Costa, a los que las guardias locales se han opuesto. No obstante, los 120 desplazados de los que el gobierno federal da cuenta contrasta con las cifras del Concejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), que habla de 800 desplazados de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, quienes tuvieron que huir de sus comunidades por la violencia. Cabe recordar que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina en Palacio Nacional dijo que la violencia se debe a una disputa entre las organizaciones criminales “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, y que se había reforzado la seguridad “de manera inmediata”. Sin embargo, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos rechazaron esa explicación, y aclararon que las comunidades no son víctimas del fuego cruzado entre ambas organizaciones delictivas, sino víctimas directas. “La narrativa en el sentido de que se trata de una confrontación entre Tlacos y Ardillos es totalmente nueva para nosotros. Nosotros reconocemos una confrontación y una violencia de Los Ardillos hacia las comunidades y hacia sus policías comunitarias”, aclaró a Animal Político Carlos González García, de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI). Por su parte, Claudia Sheinbaum justificó que la tardanza en la intervención federal fue para evitar un enfrentamiento que pudiera afectar aún más a la población civil. “Lo que estamos promoviendo es que puedan salir las personas heridas, que se quiten los bloqueos y mediante el diálogo, permitir que esto ocurra. No se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional”, declaró. Afán delictivo de controlar todo Pero esta ofensiva por parte de “Los Ardillos” no es la primera, ya que, a decir de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el conflicto se remonta a 2015, cuando comunidades nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera crearon su propia policía comunitaria bajo usos y costumbres, lo que desató una disputa por el control territorial. “Este grupo, ‘Los Ardillos’, no percibe a las comunidades como parte de un proyecto autonómico de defensa de sus comunidades, los percibe más como parte de otro grupo de la delincuencia”, explicó a Animal Político. Por su parte, Carlos González García, del Congreso Nacional Indígena (CNI), indicó al mismo portal de noticias que Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, adheridas al Cipog-EZ, son un obstáculo para el libre tránsito del cártel en esa zona y hacia la costa, específicamente hacia Acapulco. El asunto ya lo venían cocinando ‘Los Ardillos’, y “el Cipog esperaba que en cualquier momento pudieran intentar un ataque de mayor magnitud, que fue lo que inició el día 6 de mayo”, agregó. Diez años entre desaparecidos y desplazados En estos 10 años de violencia por parte de la delincuencia organizada, Jesús Plácido Galindo, líder del Cipog-EZ, da cuenta de 76 personas desaparecidas, “entre hombres y mujeres, músicos, gente que se ha dedicado a trabajar”, dijo. Estas personas, agregó, “fueron desaparecidos, fueron torturados, fueron descuartizados por manos de la policía municipal. Ellos entregaron a los compañeros a Celso Ortega (líder de ‘Los Ardillos’)”. La actual crisis de violencia, que inició el 6 de mayo, comenzó con el asesinato de un comandante de la policía comunitaria y tres ayudantes en Xicotlán. Jesús Plácido explicó que ese día las fuerzas federales dejaron sus puestos de control. La ausencia de vigilancia permitió que “Los Ardillos”, con su centro de operaciones en el municipio de Quechultenango, atacaran Tula el 6 de mayo al mediodía, y no sólo a balazos, sino también con drones para amedrentar a la población y obligarla a dejar sus hogares. Así, entre ataques armados, dronazos y quema de pastizales, los habitantes de estas comunidades tuvieron que salir huyendo, tras lo cual comenzaron a circular en redes sociales videos de los comuneros solicitando ayuda ante lo que describen como una situación de emergencia y de suma precariedad, pues familias enteras han tenido que refugiarse en los cerros y cuevas. “Pasamos la noche huyendo, cargando a nuestros hijos e hijas para escapar de la balacera y los ataques del grupo narco paramilitar ‘Los Ardillos’”, acusaron mujeres indígenas nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán en un comunicado el 9 de mayo. Llegaron los federales Ya este martes 12 de mayo por la tarde, el gobierno federal anunció que fuerzas federales y estatales finalmente tenían controlada la zona de Chilapa, para lo que hubo que desplegar a 690 elementos del Ejército Mexicano, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales. Lo anterior fue reiterado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera de este miércoles. Señaló que el objetivo es establecer condiciones de paz mediante el diálogo y la atención directa a las familias, por lo que el Gobierno de México y el Gobierno de Guerrero mantienen presencia institucional permanente en la región. Asimismo, destacó que ayer fueron liberados tres bloqueos mediante el diálogo entre autoridades y habitantes, lo que permitió el ingreso de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañados por personal de atención a víctimas, quienes han entregado alimentación, insumos de primera necesidad y apoyo humanitario en las comunidades afectadas. Según la versión oficial, tras varios días de bloqueos, los pobladores facilitaron el paso a las fuerzas de seguridad en el corredor comunitario, gracias a lo cual ambulancias y personal médico habían llegado también a las comunidades de Alcozacán y Coatzingo para atender a los afectados. También se informó sobre la instalación de un Centro de Mando en Chilpancingo, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado, y la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de altos mandos de la Sedena, Marina y la Guardia Nacional. Pero pese a que la Segob anunció que a 120 pobladores desplazados que querían seguir en las comunidades se les había apoyado con como colchonetas y cobertores, y que a 6 personas lesionadas se les había atendido en hospitales del IMSS-Bienestar, la exigencia central en Chilapa no es por asistencia social, sino justicia y seguridad permanente. “Mientras no detengan a los cabecillas de Los Ardillos, esta violencia va a seguir”, reprochó Jesús Plácido. “Lo que exigimos es la desarticulación del crimen organizado en la Montaña Baja, ‘Los Ardillos’, y que esta violencia pare”, enfatizó el líder del Cipog-EZ. Redacción / La Voz de Michoacán
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