Efe / La Voz de Michoacán Ciudad de México. Tras 21 años en prisión por un homicidio que asegura no cometió, el mexicano Juan Carlos Ramírez Michaca espera respuesta a su solicitud de amnistía, mientras su caso se convierte en bandera de una manifestación que este viernes denuncia la práctica sistémica de fabricación de culpables y tortura en el Estado de México y en todo el país. "No quiero pasar ni un año más en prisión injustamente por un delito que no cometí", afirma Ramírez Michaca, en entrevista con EFE desde una prisión en el Estado de México. Al cumplirse este viernes 21 años desde su detención, sus familiares y activistas organizaron una manifestación en Toluca para exigir que las autoridades respondan a las solicitudes de amnistía presentadas desde 2021. Para Juan Carlos, la protesta, bajo el lema 'Ni un año más en prisión', es su "voz haciendo eco". "Porque desde aquí adentro es muy difícil que sea uno escuchado", afirma el hombre de 40 años, preso desde los 19. La madrugada del 20 de febrero de 2005, policías ministeriales irrumpieron en el negocio familiar en Ecatepec mientras dormía y lo sacaron junto con otros allegados bajo el argumento de que buscaban a un homicida, relata Juan Carlos. "Nos dijeron que solo íbamos a declarar y nos soltaban, pero empezaron a golpearnos. Me metieron en un tambo con agua hasta que perdí el conocimiento", expone. Según su testimonio, pese a que testigos presenciales negaron conocerlo, fue trasladado al Ministerio Público, donde —asegura— fue golpeado, amenazado de muerte y obligado a firmar una confesión tras haber sido torturado. Horas después, fue presentado como responsable del crimen. "Yo jamás disparé un arma y nunca estuve en el lugar de los hechos. Todo fue fabricado", sostiene. Su defensa legal —integrada por las abogadas Roberta Cortes y Araceli Olivos— explica que el expediente reúne pruebas de inocencia y violaciones al debido proceso. Entre ellas, una prueba de rodizonato de sodio negativa —que indica que no disparó arma de fuego—, testimonios que inicialmente negaron reconocerlo y contradicciones en los informes policiales. Además, sostienen que la confesión fue obtenida bajo tortura, lo que conforme a estándares internacionales "invalida su valor probatorio", por lo que en septiembre de 2025 presentaron una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. "El hecho de que no se aplicaran esos mecanismos mantiene a Juan Carlos en una detención arbitraria", indica Olivos. En paralelo, relata Cortes, la familia solicitó amnistía ante el Congreso local en 2021 (sin resolución), acudió a la Consejería Jurídica en febrero de 2025 y presentó una nueva solicitud en diciembre de 2025 ante la Comisión de Derechos Humanos estatal, aún en integración. Para las abogadas, la falta de respuesta prolonga una violación de derechos en un país cuestionado internacionalmente por prácticas de tortura y fabricación de culpables. Cuatro de cada diez personas privadas de la libertad reporta haber sido presionada para declararse culpable o dar información, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, señala Olivos. Por ello, además de la amnistía, las abogadas plantean la necesidad de un "Mecanismo extraordinario de libertad para personas sobrevivientes de tortura", especialmente en delitos de alto rechazo social, donde —dicen— el costo político suele frenar revisiones. Pese a estas dos décadas "sin justicia", Juan Carlos aún confía en que la amnistía le permita recuperar su vida. "Prácticamente me secuestraron del domicilio y aún me siento secuestrado", zanja.
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