Ashley Rodríguez / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. - El gobierno federal presentó los alcances de la nueva Ley de Aguas: un incremento de 3,500 millones de pesos en recaudación durante 2025, una proyección adicional de 6,300 millones este año, más de 7,614 inspecciones realizadas, más de mil clausuras, así como un adeudo presuntivo cercano a 12 mil millones de pesos por parte de empresas. Además, se han concluido 9,547 trámites en beneficio de productores y comunidades, en un contexto donde se busca revertir décadas de irregularidades en el manejo del recurso. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se subrayó que la nueva legislación representa un cambio estructural en el modelo hídrico del país. “Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios que se instauró durante el periodo neoliberal y que da paso a un sistema que privilegia el derecho humano”. Entre los ejes principales destaca la eliminación de las transmisiones entre particulares, una práctica que, según el gobierno, ""alimentaba un mercado paralelo del agua "permite terminar con el mercado negro del agua". La reforma también elimina cambios de uso de concesiones agrícolas para evitar su explotación con fines comerciales, además de limitar el acaparamiento mediante la restricción de cuotas de garantía. Con ello, se busca impedir que grande volúmenes queden concentrados "bajo el amparo del poder económico". NEGOCIAZO CON PIPAS Y PARA CAMPOS DE GOLF Uno de los ejemplos presentados fue el caso de Zacatecas, donde 7 títulos de concesión se transformaron en 50, generando ganancias de hasta 54 millones de pesos para un particular mediante la reventa del agua. La práctica incluía cambiar el uso original agrícola hacia fines industriales, de servicios e incluso urbanos. Con la nueva ley, estas transmisiones quedan prohibidas. Otro problema señalado fue la especulación en acuíferos sobreexplotados, como en Chihuahua, donde se otorgaron 103 concesiones agrícolas en zonas donde "no hay absolutamente nada". Estas concesiones eran utilizadas como activos para su venta posterior. También se documentaron casos de uso indebido de concesiones agrícolas, como en Querétaro, donde una familia concentraba 628 mil metros cúbicos de agua que, en lugar de destinarse a la producción de alimentos, se utilizaban para abastecer desarrollos inmobiliarios, clubes privados, y venta en pipas. “La Conagua les da una concesión para uso agrícola, no pagan agua y venden las pipas a los que no tienen agua” Tras la reforma, estas prácticas ya pueden derivar en cancelación de concesiones, clausuras y multas de hasta 3.5 millones de pesos. El gobierno también expuso casos de extracción ilegal, como en Nayarit, donde se vendían pipas de agua sin concesión a precios de entre 2 mil 500 y 5 mil pesos. “Es muy malo para el pueblo de México que alguien esté lucrando con un bien que es de la nación”, se afirmó. Estas conductas ahora pueden sancionarse con multas y penas de prisión. En Baja California Sur, se detectó incluso la intervención de infraestructura pública: conexiones ilegales a un acueducto que desviaban agua destinada a la población para su venta en pipas. Con la nueva legislación, estos actos pueden castigarse con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 230 mil pesos. Las irregularidades también alcanzan al sector empresarial. Se informó que una empresa refresquera acumula un adeudo estimado de 234 millones de pesos, con concesiones sin pago, sobreexplotación y falta de medición. Otra embotelladora presentaba anomalías como descargas sin permiso y pagos incompletos, aunque ya inició su regularización con pagos por casi 24 millones de pesos. La reforma fortalece las facultades de la autoridad para supervisar, sancionar y regular el uso del agua, incluyendo la obligación de medir consumos y castigar descargas contaminantes con multas que pueden superar los 800 mil pesos. Antes, se señaló, las sanciones eran tan bajas que resultaba más barato incumplir que invertir en infraestructura. Finalmente se destacó el componente social de la ley, que reconoce sistemas comunes y prioriza el acceso a ejidos y pueblos indígenas. Además, se impulsa la regularización de pequeños productores mediante facilidades vigentes hasta el 28 de abril. Con estos cambios, el gobierno busca revertir un modelo que, según se afirmó, permitió durante décadas la mercantilización del agua. El nuevo enfoque, se insistió, pretende garantizar que el recurso se utilice bajo criterios de equidad, legalidad y sostenibilidad.
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