EFE / La Voz de Michoacán Familias de personas desaparecidas exigieron este domingo al Estado mexicano pasar de “administrar la crisis a erradicarla” y ofrecer resultados concretos en prevención, búsqueda, identificación y justicia, en un país que acumula más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas. “No basta con cifras, registros, folios y protocolos”, advirtió el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto. La organización, que agrupa a colectivos y familias de víctimas, reconoció que México cuenta con un marco jurídico e institucional impulsado durante años por los propios familiares, pero reclamó que las herramientas existentes se traduzcan en resultados. “Un registro no encuentra a una persona; un expediente no sustituye una investigación; una recomendación no transforma la realidad si no se cumple”, señaló. El pronunciamiento ocurre después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentara el viernes diez acciones para reforzar su Estrategia Nacional de Búsqueda, entre ellas garantizar que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, ampliar las búsquedas en hospitales y cárceles y poner en marcha un plan de identificación humana para reducir el rezago forense. Las autoridades informaron además que detectaron 40.628 coincidencias de personas reportadas como desaparecidas con trámites o actividades posteriores a la fecha de su desaparición, de las cuales 6.939 cuentan ya con reporte de localización. Riesgos para quienes buscan El movimiento recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en mayo un informe sobre las desapariciones en México con 40 recomendaciones y alertas sobre investigaciones fragmentadas, impunidad, problemas de identificación y riesgos para las familias buscadoras. También aludió a la decisión adoptada en marzo por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención, un procedimiento relacionado con situaciones en las que existen indicios de desapariciones forzadas de forma generalizada o sistemática. El Gobierno mexicano ha rechazado que en el país exista una política estatal de desaparición forzada y ha cuestionado la utilización de ese mecanismo, aunque ha defendido su disposición a colaborar con organismos internacionales. Las familias reclamaron además garantías para realizar sus búsquedas después de que este sábado Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fuera atacada a balazos en Culiacán, Sinaloa, junto a una de sus hijas. “Buscar a una persona desaparecida no puede convertirse en una actividad que exponga a quienes la realizan a nuevas violencias”, advirtió el movimiento, que exigió una investigación “pronta, exhaustiva e imparcial” sobre la agresión. “No buscamos cifras. Buscamos personas”, concluyó.
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