Arturo Molina / La Voz de Michoacán Michoacán.- A 6 meses de que se emitió el primer protocolo para proteger a mujeres víctimas del crimen organizado, los municipios con mayor índice de violencia generalizada, ya han sido recipiendarios de información y mecanismos de seguridad. Las 14 demarcaciones incluidas en alerta de violencia de género fueron punta de lanza en el proyecto que busca consolidarse para los próximos meses y años en el estado de Michoacán. En voz de Claudia Elena Padilla, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) se ha observado que es el primer nivel del ejecutivo el que presenta la mayor necesidad de atender a las mujeres en estas condiciones sobre todo en las regiones de conflicto del estado. Trabajamos con los 14 municipios que tienen alerta que sin los que obtuvieron la capacitación. Por los temas de pandemia los tuvimos que realizar a través de medios digitales. Tuvimos un acercamiento con las instancias para que puedan ser las principales que accedan a los protocolos. Estamos de cerca acompañando porque las dudas siguen surgiendo", precisó. No obstante, la violencia del narcotráfico en contra de las mujeres no es exclusiva de las demarcaciones incluidas en la Alerta de Violencia de Género (AVG). Municipios aledaños a Apatzingán, Uruapan y regiones golpeadas por el narco, siguen siendo sede de homicidios de mujeres en condiciones de violencia por el crimen organizado. La también especialista señaló que, por lo anterior, es importante que el resto de los municipios y administraciones entrantes se acerquen a conocer los mecanismos que se pueden tener a la mano para bajar la incidencia de homicidios de mujeres en el contexto de violencia. En el caso de la continuidad y conformación del protocolo, está realizado y seguiremos hasta los últimos días llevando capacitaciones sobre todo a los ayuntamientos. Es importante que las y los trabajadores puedan tener acceso a los protocolos porque están diseñados para que puedan tener un tema de atención diferente y cuidar a las mujeres en estás características", explicó. Las cifras son duras, más del 60 por ciento de los casos de homicidios y agresiones contra las mujeres michoacanas están relacionadas a la presencia de grupos delictivos en la entidad, según cifras de autoridades estatales. Desde el involucramiento de mujeres con actividades ilícitas, problemas de adicciones y los efectos generales de la pugna entre grupos delictivos buscan ser atendidos por el protocolo que se presentó a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) con el apoyo de las autoridades municipales. La finalidad es homologar e institucionalizar criterios, formatos y procedimientos ya existentes para la prestación de servicios de atención inmediata o de primer contacto, detección de riesgo, asistencia integral y derivación a áreas de seguridad o de tratamiento para mujeres receptoras de violencia vinculada al fenómeno de adicciones y a la situación de narcotráfico en el estado. Desde el 2015, en Michoacán se ha logrado consolidar una red de atención hacia las mujeres en distintos ambiros de la vida institucional para contener distintos formatos de la violencia de género. Las condiciones de violencia siguen al alza; en lo que va del año ya hay un reporte de incremento generalizado en agravio de la mujer con hasta un 70 por ciento respecto al año pasado. Durante el 2020, fueron más de 200 carpetas de investigación por homicidio doloso en agravio de la mujer, mientras que apenas se registraron poco más de una decena de feminicidios. Cuestionada sobre la tendencia en las carpetas de investigación, reconoció que el protocolo ha sido el adecuado en tanto que la preocupación gira en torno a las víctimas del narcotráfico. El protocolo, lanzado desde marzo de este año, diseña un modelo que contempla tres niveles de intervención. En un primer momento, la detección y plena identificación de la situación de riesgo de la mujer víctima, en el que se evalúa la situación y la atención de sus necesidades físicas, psicológicas, sociales y de seguridad más urgentes; en un segundo momento, la realización de un plan de intervención inmediata que, a partir de una evaluación de necesidades individuales y su priorización, contempla una gama de servicios integrales como la atención médica, psicológica, jurídica y de trabajo social, así como acciones que resguarden y protejan su integridad emocional y física.
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