Arturo Molina / La Voz de Michoacán Michoacán. Comunidades indígenas de Michoacán continuarán con ruta de buscar la autonomía financiera por recortes presupuestales de los últimos años. Al menos cinco comunidades buscarán obtener sus propios recursos en este 2021. En voz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, el presupuesto que asignó el gobierno del estado para este año a los pueblos originarios es de apenas 46 millones de pesos, monto que equivale al 0.03 por ciento del presupuesto del estado para erogarse este año. En total, y con base a los casi 300 mil Indígenas del estado, el ejecutivo tendría que destinar más de 2 mil millones de pesos, de los cuales apenas se destinó un porcentaje menor para la totalidad de las necesidades de la población tanto de la Meseta Purépecha como de la Costa Michoacana y la región oriente. En voz de Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena del estado, es el escenario anterior el que les ha orillado a buscar que las comunidades indígenas reciban de manera directa sus recursos. “Lo que nosotros vemos es una reducción histórica de los últimos años de hasta un 70 por ciento de los presupuestos para los pueblos originarios. Es una deuda histórica del gobierno federal, estado y municipios. No nos dejan otro camino más que buscar nuestra propia autonomía, porque los pueblos originarios ya entendieron que es la único camino que nos dejan a tomar. Y seguiremos en esa ruta”, explicó. Entre las comunidades que buscarán su autonomía para este año, es San Lorenzo en Uruapan, Zirahuén en Salvador Escalante y otras comunidades que próximamente se darán a conocer por parte del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Actualmente en Michoacán 11 comunidades han conseguido la autonomía financiera, 4 de ellas en el municipio de Nahuatzen. Se espera que en total las 60 comunidades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán presenten sus solicitudes para ejercer sus propios presupuestos. "Ya sea gobierno estatal o gobierno federal con independencia del color siempre han dirigido el 0.03 por ciento del total del presupuesto del estado a las comunidades indígenas. Este año solamente dieron a los pueblos indígenas 46 millones y legalmente nos corresponden 2 mil 56 millones de pesos. Es una deuda histórica", manifestó el vocero del Consejo. Quienes ya reciben recurso propio son Nurio, Cheran,Tanaco, Pichataro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, Nahuatzen, Comachuen y Urapicho, mientras que Sevina, San Benito y Santa Fe de la Laguna.El resto de las comunidades indígenas de Michoacán buscan por la vía lega presentar los requisitos a través de sus propios consejos para que sus respectivos ayuntamientos doten de los recursos correspondientes a la densidad demográfica de cada una de las comunidades. Lo anterior, ya representa un problema económico para los ayuntamientos de la región de la Meseta, mismos que han quedado prácticamente en “jacke”, por la entrega de los recursos a los consejos. El ejemplo más claro, es el municipio de Nahuatzen, el cual ya concentra al menos 4 consejos de los cuales 1 se encuentra en trámite.Una de las condiciones que se propician con esta tendencia, sobre todo en la región de la Meseta Purépecha, es la creación de un cuarto nivel de gobierno, en donde confluirían Federación, Estado, Municipios y por último los Consejos Indígenas debidamente establecidos. No obstante, las condiciones actuales obedecen a la falta de legislación, lagunas en materia de aplicación de los recursos y sobre todo la fiscalización de los mismos. Una de las denuncias de los municipios en donde operan comunidades bajo el régimen de ejecución directa, es que los consejos se reúsan a entregar cuentas sobre el uso de los recursos que erogan. Paradójicamente, los que sigan siendo fiscalizados por los recursos de los consejos, son los mismos ayuntamientos, a quienes se les quitó este recurso. Una de las condiciones que se propician con esta tendencia, sobre todo en la región de la Meseta Purépecha, es la creación de un cuarto nivel de gobierno, en donde confluirían Federación, Estado, Municipios y por último los Consejos Indígenas debidamente establecidos. No obstante, las condiciones actuales obedecen a la falta de legislación, lagunas en materia de aplicación de los recursos y sobre todo la fiscalización de los mismos. Una de las denuncias de los municipios en donde operan comunidades bajo el régimen de ejecución directa, es que los consejos se reúsan a entregar cuentas sobre el uso de los recursos que erogan. Paradójicamente, los que sigan siendo fiscalizados por los recursos de los consejos, son los mismos ayuntamientos, a quienes se les quitó este recurso.
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