Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Congreso aprobó la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública bancarizada estatal que supera los 19 mil millones de pesos, bajo el argumento de blindar las finanzas públicas de Michoacán frente a la volatilidad mundial en las tasas de interés. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tiene ya luz verde para renegociar 15 créditos heredados por sus antecesores. En el tiempo récord de 4 días hábiles, el Congreso dio trámite, dictaminó y autorizó la renegociación de la multimillonaria deuda pública con los bancos del Bajío, Afirme, Banobras y Banorte. Con 35 votos a favor, el decreto vigente hasta el 31 de diciembre de 2023 autoriza al secretario estatal de Finanzas, Luis Navarro, a convocar a licitaciones públicas para refinanciar o reestructurar 19.5 mil millones de pesos, “sin incluir intereses”, prohibiéndosele hacer contratos de financiamiento con bancos extranjeros. El decreto del Congreso proyecta liberar 2,720 millones de pesos durante los próximos 5 años, es decir, 544 millones de pesos al año, con el compromiso de destinarlo al capítulo de inversión pública. Sin embargo, el diputado priista Marco Polo Aguirre, presidente de la comisión legislativa de Presupuesto, advirtió que quizá la reestructura de la deuda pública michoacana no genere ahorros presupuestales ante la turbulencia que se avecina en las tasas de interés bancario en todo el mundo en los próximos meses. Apostó por blindar las finanzas estatales para darles equilibrio en los futuros entornos de volatilidad financiera y alzas inflacionarias. A su vez, Oscar Escobar Ledesma, líder parlamentario del PAN, reconoció que la autorización del Congreso se basa en “puras especulaciones” sobre una inminente catástrofe financiera. Al asumirse como muy pesimista en su forma de pensar, el panista se conformó con refinanciar la deuda para sortear la inflación a finales del 2022, lejos de ver un ahorro para proyectos específicos. “Será muy difícil que tengamos ahorros, aún con la reestructura financiera, para invertir en proyectos de infraestructura”. En tanto, la diputada perredista Mónica Valdés Pulido manifestó con resignación: “La verdad es que no hay salida: el estado se endeudará hasta el 2047 o 2048 (tras la renegociación con los bancos)”. El decreto autoriza al secretario de Finanzas a renegociar hasta por un plazo de 25 años, a partir de la primera disposición de cada contrato de crédito, con instituciones del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones del mercado. En la tribuna parlamentaria, la morenista Eréndira Isauro deploró que Michoacán sea un estado endeudado, cuyos préstamos se han empleado en todo, menos en el bienestar del pueblo. A su vez, el petista Baltazar Gaona subrayó que el Congreso ha sido corresponsable del endeudamiento público de Michoacán, por lo que ahora está obligado a acompañar la propuesta bedollista para reestructurar o refinanciar la deuda pública bancarizada del estado. Durante las votaciones se ausentó Jesús Hernández Peña, líder parlamentario del PRI, contagiado de Covid, aunque boletinó que pedía crear una plataforma digital exclusiva de transparencia llamada caja de cristal, quizá para saber qué pasó con los 5.5 millones de pesos que entregó el Congreso sin licitación pública.
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