Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Casi 5.6 millones de pesos pagó el Poder Legislativo por un nuevo sistema de cómputo aún pendiente de implementar. El contrato de adjudicación lo firmó Isabel Ceja, con poder notarial que le otorgó Adriana Hernández Íñiguez, presidenta del Congreso del Estado, a partir de las instrucciones que le dio por escrito el fallido exsecretario de Finanzas, Mario Villegas, posición del PRI. Así se desprende del poder con cláusula especial para todo tipo de negocios y diligencias que otorgó la diputada Hernández Íñiguez a Isabel Ceja ante el notario público David Franco Sánchez, así como de diversas documentales públicas en poder de La Voz. El proceso de adjudicación directa quedó a cargo del entonces titular de Finanzas del Congreso, Mario Villegas, quien se decantó por el proveedor José Alfredo Aburto Gaitán, “toda vez que presenta la mejor propuesta económica, así como experiencia y tiempo de respuesta”. El contrato se firmó el 30 de diciembre de 2021. Los otros dos proveedores pedían 9 y 12 millones de pesos. De acuerdo a la fracción IV del artículo 112 de la Ley Orgánica del Congreso de Michoacán, es función del secretario de Administración y Finanzas autorizar mediante su firma (autógrafa o digital), junto con el titular del área de finanzas, los instrumentos de pago y obligaciones a cargo del Congreso del Estado. La directora de finanzas, Beatriz Climaco, hizo el pago al proveedor Aburto Gaitán, por instrucción precisa de Mario Villegas, mediante un mecanismo mancomunado entre ella y el entonces secretario. Recientemente la Junta de Coordinación Política analizó la polémica compra del software y de otros servicios por 5 millones 590 mil pesos, incluyendo IVA en esa cantidad. Los líderes parlamentarios se reunieron a petición de la actual secretaria de Finanzas, Rocío Pineda Gochi, llevándoles una solicitud de prórroga por 3 meses hecha por el proveedor, quien a su vez manifiesta que sus trabajos han sido “limitados” (socavados) por la contadora Rocío Fernández Solorzano, la principal operadora de Pineda Gochi. Así se desprende del oficio SAF/1091/2022 y su anexo suscrito por el proveedor. En la reunión solicitada por la secretaria Pineda Gochi, la exsenadora del PRI entregó a los líderes parlamentarios el contrato de prestación de servicios profesionales en el Palacio Legislativo, como lo propuso el presidente de la Junta, Fidel Calderón. El Poder Legislativo de Michoacán solo ha cumplido con el 27 por ciento del proceso de armonización contable, al que lo obliga la Ley General de Contabilidad Gubernamental desde el año 2008, según evaluación hecha en el año 2021 conforme al Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC). A pregunta expresa, en los pasillos del Congreso, la actual secretaria de Finanzas, Rocío Pineda Gochi, también posición del PRI, aclaró que el Congreso no solo compró un software, sino también una serie de servicios adicionales. “Cuando yo llegué (a fines de febrero del 2022), ya estaban instalados los trabajos”. Se abstuvo de entrar en detalles, y terció que el tema se encuentra bajo la fiscalización de la Contraloría Interna, a cargo de Alberto Chávez Sandoval, quien a su vez se limitó a comentar que la investigación respectiva está en la fase de recabar pruebas. La presidenta del Congreso, Adriana Hernández, se ha limitado a declarar que el tema del software se encuentra bajo investigación en las instancias correspondientes.
La Voz de Michoacán
